La LXV Legislatura federal llega a su final, y los términos resultan más peligrosos en la agenda y dinámica legislativa. Los asuntos de “última hora”, los que salen bajo presión, por lo general, son “dagas”. En esa tesitura está el Congreso de la Unión, en particular el Senado de la república, con una agenda rezagada, contaminada por la injerencia del Ejecutivo federal y un proceso electoral adelantado.
El próximo 30 de abril concluirá el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de la LXV Legislatura federal, se instalará la Comisión Permanente que por su naturaleza y facultades no puede sacar adelante los asuntos no resueltos por el Congreso. Sin embargo, no se descarta que el Congreso convoque a un periodo extraordinario entre mayo y agosto próximos, antes de que se abra el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año, y último, de la LXV Legislatura federal.
A la par de lo anterior, no hay que olvidar, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están en estudio los recursos de inconstitucionalidad sobre las diversas leyes en materia electoral y de comunicación social (el llamado “Plan B”). La inaplicabilidad en que están estas reformasen tanto se resuelve el fondo de estas, por disposición de la SCJN, es temporal. Si consideramos el promedio de tiempo que lleva a la SCJN resolver esos recursos (más de seis meses), podría adelantarse que no serán aplicables para los procesos electorales federal y locales 2023-2024 en el supuesto caso que determinen la constitucionalidad (algo que se ve improbable).
Como están las normas vigentes a la fecha, en septiembre próximo arrancan los procesos electorales. La Constitución Federal establece que “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales” (Art. 105, fracción II, penúltimo párrafo).
El llamado “Plan B” ya se promulgó y publicó. Por prudencia y sensatez en el ámbito federal, en el caso fortuito que la SCJN determine su constitucionalidad antes de septiembre próximo, pondría al organismo federal en situación crítico-operativa; y a todas las entidades de la federación que tendrán procesos electorales locales, quedarían amarrados al no contar con normas de aplicación local con base en disposiciones federales resueltas.
Lo anterior, confirma que sea constitucional o no el “Plan B”, no podrá aplicarse en los procesos electorales 2023-2024.
Pero volviendo a la agenda del Congreso de la Unión, en el Senado, tienen sin resolver la elección-designación de 40 magistradas/os de tribunales electorales estatales y cinco de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La indolencia legislativa ha llegado a tal extremo en el Senado que han paralizado al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) al no designar a las y los tres comisionados que faltan para que opere el pleno de ese organismo garante y conculcando derechos fundamentales.
En la Cámara de Diputados están en la misma tesitura. A pesar de que ya tienen las listas de aspirantes a titulares de los Órganos Internos de Control (contralorías) de la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH); Fiscalía General de la República (FGR); Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), no hay “acuerdo” para su designación.
Por otra parte, en sede de San Lázaro se apresuran a darle una estocada a la investigación, la ciencia y el desarrollo del conocimiento con la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. El proyecto de dictamen circula, aunque no en los medios oficiales (Ver proyecto https://bit.ly/3H8g3r2). Muy “humanista” sólo en su enunciado, pero con dos puntos nodales que confirman, de aprobarse como va, será un “desastre autoritario para la ciencia en nuestro país. No les interesa el avance científico sino el control de los que hacemos ciencia”, como sinteriza uno de los principales impulsores de la libertad de ciencia en México.
La Sedena y la Marina, aunque no lo crea usted, se integran a la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías; las y los investigadores de los Centros Públicos de Investigación, con esta ley quedarán como burócratas, anulando así condiciones de libertad para su ejercicio y desarrollo de la ciencia y el conocimiento. Durante años la lucha de las y los investigadores fue el mantenerse bajo el apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ahora, con este dictamen, los ubican en el apartado B, es decir, como parte de los Poderes de la Unión.
La nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, se prevé, saldrá como la nueva Ley Minera, fast trak, de noche, sin el diálogo-debate que el tema exige.
A legisladoras y legisladores les “quema”, dejar las sedes del Senado y de San Lázaro, su curul para enfocase en campañas. El tercer y último año de la Legislatura que comienza en septiembre próximo, como es previsible, estará más inmerso en el proceso electoral federal y locales. El ritual de la indolencia está a la vista.
