Gobernar, en un sistema democrático, es ejercer legítimamente el poder. Los encargados de la cosa pública han sido elegidos por el pueblo, después de todo, y cargan sobre los hombros la representación de la voluntad popular sin que ello deba obligarlos ya a otros trámites posteriores. No estamos hablando de que estén eximidos de rendir cuentas ni de que les hayamos dado un cheque en blanco para hacer lo que les dé la gana sino de que, cumplido el procedimiento de unas elecciones abiertas y habiendo expresado libremente los votantes sus preferencias, adquieren una de condición de operadores naturales de la Administración, con todas las obligaciones y responsabilidades que conlleva dicho ejercicio.
Deben sentirse legítimos, desde luego, para arrogarse ellos mismo la facultad de tomar decisiones, de implementar programas y, llegado el caso, de ejercer la fuerza para preservar el orden o aplicar sanciones a quienes infringen la ley. En su momento, podrían inclusive adoptar medidas en sentido contrario a lo que prefieren los ciudadanos —ahí están las subidas de impuestos, para mayores señas, o los aumentos a las tarifas de los servicios públicos, por no hablar de cuestiones más trascendentes como la firma de tratados internacionales o los compromisos adquiridos con otras naciones— sabiendo que los intereses superiores de la nación están por encima de los gustos del electorado.
De tal manera, un Gobierno no tiene por qué estar consultando a los ciudadanos cada paso que da ni celebrando tampoco referendos para, digamos, llevar a cabo un proyecto de infraestructura o emprender tal o cual obra pública. En la Administración suelen trabajar expertos que saben mucho más sobre los temas de su especialidad que una simple persona poco informada. Pero, aparte, es su trabajo, a eso se dedican y para eso los tenemos ahí, para que resuelvan problemas demasiado complejos para nosotros y que, encima, muchas veces ni nos competen directamente. Para eso les pagamos, también, con la plata de nuestros bolsillos de contribuyentes y por esa misma razón, porque solventamos sus salarios, esperamos que sean eficientes, capaces y que hagan los deberes, no que celebren “consultas” cada vez que no quieran responsabilizarse de una decisión. Pues eso.
