En 2024 habrá elecciones presidenciales en nuestro país, momento cuando la ciudadanía podrá elegir libremente entre la continuidad o el cambio. Sea quien sea el ganador o ganadora, el mercado estará atento al rumbo que tome la política nacional en todos los ámbitos (económico, social, de salud, de seguridad, energético, etc.). Con relación al sector energético, brevemente presentamos en esta nota las visiones que las contendientes más sobresalientes han mencionado al respecto.
Por un lado, la precandidata del Frente Amplio por México ha articulado una visión de política energética con varios cambios estructurales, promoviendo la eficiencia, la transparencia, y enfocándose en la sostenibilidad. Hace hincapié en la actualización tecnológica y en temas de gobernanza. En este sentido, propone una reforma para Pemex, cuya operación, gestión de recursos y productividad, considera ella, son ineficientes. Por tal motivo, propone abrirla a la inversión privada, pero sin privatizarla. Su modelo se alinea, de alguna manera, al modelo de Petrobras, empresa del Estado brasileño que opera junto con el sector privado y cotiza en la bolsa local. En este sentido, el sector privado brindará las herramientas técnicas y financieras que la empresa necesita para desarrollar yacimientos, incrementar la producción y modernizar su infraestructura. Paralelamente, esto ayudará a aliviar sus retos financieros.
El tema de la sostenibilidad es un tema recurrente en el discurso de esta precandidata. Propone aumentar las inversiones en energías renovables (solar, eólica e hidrógeno verde). Con esto se reducirá la dependencia de los combustibles fósiles y se acelerará la transformación de nuestra matriz energética. Asimismo, subraya la necesidad de modernizar la infraestructura energética, en particular la red eléctrica, con el fin de que sea más eficiente en la gestión de la demanda eléctrica. Por último, relativo a la transparencia y gobernanza, buscará fortalecer la supervisión y la rendición de cuentas en el otorgamiento de contratos y mejorando los procesos de licitaciones. Esto, en su visión, combatirá la corrupción y aumentará la eficiencia del sector.
Por otro lado, la propuesta de la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia ofrece una perspectiva basada en la soberanía energética, la electromovilidad y las energías renovables. Esta visión, ciertamente, se encuentra impregnada de las decisiones que tomó cuando estuvo al frente de Ciudad de México. En ese momento instruyó la instalación de paneles solares en áreas y edificios públicos con el objetivo de reducir la huella de carbono de la capital. Promovió el uso de iluminación pública con tecnología LED y sustituyó una buena parte del transporte público con modelos de gas natural y eléctricos.
Con relación a la CFE y Pemex, ella ha abierto el debate sobre la importancia de modernizarlas y fortalecerlas. Defiende la participación de la CFE en el mercado eléctrico nacional y ha expresado su simpatía por la soberanía energética a cargo de Pemex. Si bien ha mencionado la necesidad de incrementar la inversión (pública y privada) para transformar el sector, ha sido cautelosa frente al tema de las privatizaciones. También ha propuesto revisar acuerdos internacionales de energía para asegurar que beneficien a México.
En mi opinión, ambos discursos tienen un enfoque claro sobre el tema de la sostenibilidad, promoviendo las energías limpias y la electromovilidad. Entiendo que ambas precandidatas creen en la necesidad de cumplir con los compromisos de reducción de emisiones y el combate al cambio climático.
Ahora bien, en el caso de la precandidata opositora, transitar a una matriz energética más sostenible y modernizar la infraestructura del sector requerirá, seguramente, mucha inversión. Si, además, la propuesta es invitar al sector privado, se requerirá trabajar en una regulación robusta y moderna. Con relación al tema de la mejora en la eficiencia, esto bien puede reducir costos para consumidores y empresas, en el mediano y largo plazos.
Para la precandidata oficialista, la implementación de sus propuestas de electromovilidad y de captura de carbono también requerirá grandes inversiones. Pero, lo que parece ser la diferencia entre ambas propuestas es la continuidad o no respecto a la industria petrolera. Su posición no busca la apertura a la inversión privada, de hecho, se alinea más con la política de la actual administración; sin embargo, el fin será el mismo, hacer a Pemex más eficiente y competitivo.
Para concluir, la reforma energética de 2013 de nuestro país dio paso a cambios que transformaron nuestra industria petrolera, eléctrica y del gas. Uno de los elementos importantes que trajo la reforma, si bien no el único, fue la apertura hacia la inversión privada para que participara en el sector energético; sin embargo, esto cambió con la administración federal actual, ya que se cancelaron las rondas de licitación, y tanto Pemex como la CFE recuperaron su posición de empresas productivas y estratégicas del Estado. A diez años de esta reforma, al parecer continuamos en el proceso de transformación y consolidación de un sector energético nacional eficiente, moderno y rentable. Ciertamente, los retos son muchos y de diferentes complejidades, por lo que las propuestas para este sector resultan ser cruciales.
