En días pasados se anunció que las armerías Smith & Wesson, Beretta, Century International Arms, Colt, Glock, Sturm Ruger & Co, Barrett y Witmer (Interstate Arms) decidieron presentar un frente conjunto ante la demanda puesta por el gobierno mexicano en su contra, recibida en una corte de Massachusetts por el juez F. Dennis Saylor, ante la acusación de que entre 70 y 90 por ciento de todas las armas recuperadas en las escenas criminales al sur de la frontera provienen del norte, que nos exporta ilegalmente cerca de 200 mil fierros cada año.
No se puede ignorar que ese contrabando jamás se daría de no ser por la envolvente corrupción nacional; basta recordar cómo el cartel de los Z usó por años la cárcel de Piedras Negras como su armería personal, o las miles de piezas al año que “desaparecen” de los cuarteles y las comandancias sin que nadie les dé seguimiento. Pero tampoco pueden las manufactureras fingir demencia: para asesinar a Miroslava Breach se usó una Colt que parece haber sido diseñada con nuestros capos en mente: la Emiliano Zapata, que así se llama el modelo, es una calibre .38 que lleva cachas de oro grabadas con imágenes y leyendas revolucionarias. Por algo la demanda cita que “Los cárteles que causan terror y derramamiento de sangre disparan las armas de los acusados en México, pero lo hacen gracias a decisiones deliberadas tomadas en (…) sus oficinas corporativas en Estados Unidos”.
Las armerías tienen hasta el 22 de noviembre para presentar los alegatos de su defensa, a los que los abogados del gobierno de México, Steve D. Shadowen y Richard M Brunell, de Austin, Texas, y Jonathan Lowy, de Washington, DC, deberán responder antes del 31 de enero de 2022, esperándose la contrarréplica de las empresas el siguiente 28 de febrero. Si bien México tiene muy poca probabilidad ya no de lograr alguna restitución o siquiera de ganar en las cortes, sino simplemente de que el juicio se lleve a cabo y no sea desechado por improcedente —fincarle al fabricante la responsabilidad última del uso de su producto siempre ha sido punto menos que imposible, al menos hasta 1998, cuando las tabacaleras tuvieron que pagar más de 250 mil millones de dólares como compensación por los costos en salud relacionados con el sufrimiento, muerte y enfermedad causados por el uso de cigarrillos, de pasada regalándonos esas lindas fotos de pulmones podridos en sus cajetillas; un fallo similar no se ha repetido desde entonces—, eso no necesariamente es la intención del instigador, el canciller Ebrard, en una de sus pocas buenas ideas: la demanda por sí misma es una manera de, digamos, bilateralizar el problema del narcotráfico en específico y del crimen organizado en general, detallando profusamente la complicidad de los nacionales al norte de la frontera con los cárteles, perspectiva que los hacedores de la política en Washington prefieren ignorar, vendiéndole en vez a sus votantes el bulo ese de que el perverso veneno mexicano viaja de sur a norte para contaminar la inocente juventud gringa, ñaca-ñaca.
Ganen o pierdan, el tanto, que costó poco o nada, es para México.
Roberta Garza
@robertayque
