El abuso de poder de la mandataria de Chihuahua, María Eugenia Campos, recuerda los peores modos del autoritarismo.
Habría evidencia de que, siendo legisladora local del PAN, recibió un soborno por 8 millones de pesos, pagado con recursos públicos.
Antonio Lozano, ex procurador general de la República, fue el mediador que, a su nombre, iba a devolver ese dinero a la tesorería estatal, pero al final Campos se echó para atrás y negó haber sido comprada por el muy corrupto ex gobernador priista César Duarte.
Desde entonces, la actual gobernadora de Chihuahua enderezó su odio, entre otras personas, contra Francisco González Arredondo, el fiscal que investigó sus presuntas fechorías.
El lunes 21 de noviembre un convoy de diez vehículos de la policía estatal detuvo al ex fiscal González, en la ciudad de Delicias, mientras ingresaba despreocupado a una tienda Oxxo, acompañado por su padre.
Tan impresionante fue el despliegue que el padre del ex fiscal sufrió ahí mismo un infarto y perdió la vida.
Desde esa fecha, González Arredondo está privado de la libertad por haber cometido, supuestamente, tortura psicológica en contra de tres sujetos involucrados en la red de actos de corrupción orquestados por el ex gobernador Duarte Jáquez.
La acusación contra González Arredondo no tiene pies ni cabeza. Los declarantes no han sido siquiera capaces de decir la fecha, el lugar o las circunstancias de la presunta tortura.
No hay ingenuidad en esta treta: de prosperar la infame fabricación contra el ex fiscal podría caerse el macroproceso que se sigue contra César Duarte, ya que los sujetos referidos son testigos clave de una imputación que señala al ex mandatario de haber cometido peculado por más de 250 millones de pesos.
En este contexto, el abogado Iker Ibarreche, abogado de González Arredondo, solicitó que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera el caso de su cliente. Solo así podría evitarse —argumentó— el evidente conflicto de interés que significa la persecución emprendida por la gobernadora Campos.
Zoom: el pasado viernes la FGR finalmente concedió la atracción y exigió a la fiscalía estatal de Chihuahua la entrega de la carpeta de investigación. A más tardar hoy ese expediente debería arribar a la Ciudad de México; una vez que ocurra, la vendetta de Campos no tendrá posibilidad de prosperar.
@ricardomraphael
