Para Luis Arriaga, Mario Patrón y Santiago Aguirre
A Jacinta la acusaron falsamente de secuestrar a seis policías de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI). Mientras Genaro García Luna era el titular de esa dependencia, ella era una indígena hñähñu que no hablaba castellano. La asimetría de poder entre esas dos personas se convirtió en el retrato de una época. Junto con otras dos mujeres, pertenecientes a su misma comunidad, Jacinta fue encarcelada y luego sentenciada a veintiún años de prisión por un delito que nunca cometió.
Ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni el juez que la envió a prisión fueron capaces de atender los argumentos de la defensa. Sólo la parte acusadora importó y es que prácticamente nadie se habría atrevido entonces a contrariar los valores de la asimetría.
Hubo sin embargo una organización con los arrestos para plantarse a contracorriente: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh). Las abogadas y abogados de esta organización, de inspiración jesuita, lograron lo impensable. Once años después, ya con Jacinta fuera de la cárcel, consiguieron que la PGR celebrara un acto de desagravio para esas mujeres indígenas.
Nada fue fácil durante la década previa. El Centro Prodh se convirtió en uno de los primeros adversarios que tuvo García Luna. Los procuradores que persiguieron a Jacinta también intentaron destruir la reputación del Centro y la prensa que siempre se pone del lado del poderoso se burló de la cruzada.
En agosto del 2014 el Centro Prodh tomó la defensa de otra mujer: Clara Gómez González. Ella había sido testigo de una masacre perpetrada, dos meses antes, por efectivos de las Fuerzas Armadas en el municipio de Tlatlaya. Cuando el Centro Prodh se reunió por primera vez con esta mujer, Clara vivía escondida y presa del terror en el estado de Michoacán. Estaba convencida de que tratarían de matarla para evitar que hablara. El escándalo de Tlatlaya no habría saltado a la escena pública sin ella y, sobre todo, sin la valentía del Centro Prodh para enfrentar, esta vez, a un poder aún más grande que el de la AFI: la Secretaría de la Defensa Nacional.
Dos meses después, el Centro Prodh volvió a desafiar el orden injusto mexicano, cuando asumió la representación de las víctimas de la tragedia de Iguala. No es exagerado afirmar que fue gracias a esta defensa de los 43 normalistas que el país pudo dimensionar la magnitud del contubernio que existía, en el estado de Guerrero, entre las autoridades y el crimen organizado.
También fue gracias al Centro Prodh que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se involucró con este caso, salvándolo de la intención que tenía el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto para simular justicia. No habría llegado a México el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sin las diligencias emprendidas por el Centro Prodh y, por tanto, las mentiras podridas del poder habrían prevalecido sobre la justicia.
En estas páginas menciono solamente tres de los asuntos que, desde 1988, han construido la robusta legitimidad que tiene el Centro Prodh. Hay otros que, con más espacio, también sería pertinente relatar. Por ejemplo, la defensa de las mujeres de Atenco, de los campesinos afectados por la Parota o de las víctimas inocentes condenadas a prisión por confesiones obtenidas mediante tortura.
La consistencia ética y profesional del Centro Prodh explica el éxito de sus litigios, pero también el papel que se ha ganado en México. El trabajo de esta organización no solamente ha conseguido justicia para quien, sin ella, jamás la habría obtenido; igualmente se ha convertido en un referente que proporciona rumbo y liderazgo a la hora de derribar las injusticias de la justicia.
Somos muchas personas quienes le debemos al Centro Prodh refugio, acompañamiento, escucha y solidaridad. Desde mi oficio, el periodismo, reconocemos puntualmente a esa institución por habernos señalado batallas que merecían nuestra atención.
Éstas son las razones que explicarían por qué el Centro Prodh recibió tan robusto respaldo después de los embates verbales arrojados en contra suya, durante tres conferencias mañaneras consecutivas, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Es rematadamente injusto el señalamiento sobre una presunta complicidad del Centro Prodh con los gobiernos a los que esta organización ha combatido. ¿Dónde estaba López Obrador cuando este Centro sacó de la cárcel a Jacinta Santiago? ¿Dónde cuando representó a Clara Gómez, testigo de la masacre de Tlatlaya? ¿En qué lugar se hallaba cuando el Pro encabezó la defensa de los 43 normalistas de Ayotzinapa o de las mujeres de Atenco o de los campesinos de la Parota?
Las recientes declaraciones del mandatario mexicano ponen en duda el conocimiento que, según presume, tiene sobre el país. Diera la impresión de que, mientras recorría el territorio mexicano, miraba únicamente la punta de sus zapatos.
Sin embargo, este enojo presidencial no se justifica por la ignorancia. El señor de la mañanera es hipersensible a todo cuestionamiento que se enderece contra las Fuerzas Armadas. A estas alturas queda claro que no hay otra institución pública, ni organización de la sociedad, que le merezca mayor lealtad. En esto su gobierno no es distinto al de sus antecesores. Ellos también hicieron todo por solapar las arbitrariedades militares.
El presidente está enojado con el Centro Prodh por la misma razón que lo está con el resto de las personas que hemos denunciado el espionaje militar con el programa Pegasus. Insiste, sin poder refutar las pruebas presentadas ante la Fiscalía General de la República, que bajo su mandato no se espía a nadie. El problema es que cada día se acumula más evidencia y también un número mayor de personas afectadas.
Ante ello, el mandatario ha optado por usar su voz para intentar destruir la legitimidad de las personas ofendidas. Lo hizo así contra el defensor de derechos humanos, Raymundo Ramos, a quien acusó falsamente de estar vinculado con el crimen organizado. Lo hizo contra la periodista Nayeli Roldán, de Animal Político, a quien señaló de manera infundada por un supuesto conflicto de interés. También lo hizo contra quien escribe estas líneas, acusándome de ser un mero vocero del conservadurismo. Y ahora, contra el Centro Prodh, cuya trayectoria y respeto social están fuera de cualquier cuestionamiento. Esta defensa exagerada del área dedicada al espionaje, dentro de las Fuerzas Armadas, obliga a arrojar aún mayor luz sobre una de las zonas más oscuras y perversas de la actual administración. Así habremos de seguir haciéndolo.
