Justo cuando la mayor parte de los estudios y encuestas sobre la democracia en América Latina hablaban del “agotamiento”, “desencanto” y “hastío” de las y los ciudadanos latinoamericanos respecto de la democracia (básicamente por los magros resultados en la microeconomía y en el bienestar social) en Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, una nueva ciudadanía toma las calles y las plazas para hacer valer sus demandas y exigencias de dignidad y respeto a sus derechos.
La mayor parte de estas protestas es por las llamadas “políticas económicas neoliberales”, que han dejado una cordillera de desigualdad, marginación y estancamiento en los países andinos. Pero también contra la corrupción política y electoral, que son parte sustancial de tales medidas económicas.
Solo en uno de estos países, Bolivia, gobernado por un mandatario y un programa de izquierda, las protestas son por el “fraude electoral”. En el resto, las movilizaciones populares y las demandas ciudadanas son contra la corrupción gubernamental y la desigualdad social.
Este relanzamiento de la democracia en América Latina como un sistema político en el que no solo exista una alternancia de siglas por la vía de las urnas, sino una evaluación ciudadana de las políticas económicas, sociales, educativas y de seguridad de un gobierno, empezó en México con la elección presidencial de 2018, cuando por primera vez llega a la Presidencia de la República un candidato de izquierda que abiertamente postula un “cambio de régimen político” y una revisión de las políticas económicas del llamado “neoliberalismo”.
La indignación y las movilizaciones ciudadanas que hoy vemos en América del Sur iniciaron también en México. En enero de 2017 se presentó un incremento en el subsidio de los combustibles (el gasolinazo) que, al igual que en Ecuador y Chile, generó protestas callejeras y movilizaciones populares.
El programa de “reformas estructurales” neoliberales que promovió el gobierno de Peña Nieto en 2013-2014 fue replicado en sus planteamientos energéticos, fiscales y de ajuste presupuestal por Mauricio Macri en Argentina, a partir de 2015, causando una crisis de inflación, deuda y pobreza que terminaron por costarle la presidencia el pasado domingo.
Mientras que la secuela de los escándalos de corrupción y sobornos de la empresa Odebrecht, que en México tienen bajo la mira judicial y política a varios altos directivos del gobierno anterior, en Perú costaron la caída o el enjuiciamiento de cinco presidentes (Alberto Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Kuczynski).
La corrupción como detonador de descontento social alcanzó también a un gobierno icónico de izquierda, el del Partido del Trabajo, en Brasil, que le costó la permanencia a Dilma Rousseff y tiene en prisión a Lula da Silva.
En conclusión, la democracia latinoamericana experimenta un aire renovador, gracias a una nueva ciudadanía que está cuestionando en las calles y castigando en las urnas el saldo negativo de varios años de neoliberalismo que han causado desigualdad social, estancamiento económico, pobreza, corrupción y violencia, desde el río Bravo hasta la Patagonia.
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@RicardoMonrealA
