La próxima consulta popular para la revocación del mandato presidencial es un plebiscito cuya validez constitucional debe analizarse.
El periodo del presidente López Obrador es de 6 años: inició el 1º de diciembre de 2018 y terminará el 1º de octubre de 2024.
Posteriormente, se reformó el artículo 35 constitucional para establecer la revocación de mandato; que en lo concerniente al presidente dispone:
“El Congreso federal convocará a la consulta a petición del presidente; o, al menos, por el 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso; o bien por el 2%, al menos, de la lista de electores.”
La revocación sólo será válida y obligatoria si votan, al menos, el 40% de los electores.
La revocación procederá si la aprueba la mayoría absoluta.
Para aplicar la reforma es indispensable una ley secundaria que la desarrolle. El senador Monreal presentó la iniciativa de ley, pero aún no se aprueba.
Hasta ahora, el debate público se ha centrado en considerar si la consulta procede legalmente.
Yo opino que es improcedente porque cuando el presidente fue elegido no existía la revocación; protestó el cargo para 6 años; y, por último, la Constitución prohíbe la aplicación retroactiva de la ley: ley que aún no existe.
Sin embargo, se han soslayado los problemas que se suscitarían para elegir al presidente sustituto. Al respecto, el artículo 84 constitucional dice:
“En caso de haberse revocado el mandato del presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días siguientes el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional.”
Ante eso, en el Congreso se desataría una lucha sin resultados predecibles, para designar al nuevo presidente.
Vencidos los 30 días sin designación no habría presidente constitucional.
