La Organización de Estados Americanos envió una Misión de Observadores a que presenciaran y evaluaran si la elección de ministros, magistrados y jueces se realizaba de manera libre, justa y transparente.
De manera preliminar, informaron los riesgos que implican para un proceso democrático el abstencionismo y el uso de acordeones; y recomendaron que este modelo de elecciones no se replique en los demás Estados.
Nuestro gobierno, por conducto de Juan Ramón de la Fuente, rechazó el informe argumentando que la Misión transgredió la Carta de la OEA, que en su opinión prohíbe la injerencia en los procesos electorales.
Sin embargo, aunque al gobierno le moleste la exhibición internacional de la mascarada electoral, debería asumir que los observadores se ciñeron estrictamente a los principios de la Carta constitutiva de la OEA.
La Carta es un tratado internacional; los Estados que la suscribieron aceptaron los principios fundamentales que, entre otros, son promover y consolidar la democracia representativa; por consiguiente, los Estados están obligados a ejecutar las acciones que actualicen tales principios.
México es miembro de la OEA desde la fundación, por lo tanto, está obligado a acatar la Carta porque es un tratado internacional integrado al conjunto de leyes supremas del país.
En efecto, el artículo 133 constitucional establece que la Constitución, las leyes del Congreso Federal y todos los tratados que se celebren serán la Ley Suprema de toda la Unión.
Así, pues, en vez de rechazar de manera infundada el informe preliminar de la Misión de Observadores, el gobierno debería de esperar el dictamen definitivo y tener la disposición de dar cumplimiento a las observaciones y recomendaciones que haga la OEA.
La fuerza moral de los gobernantes y la condición para la gobernabilidad es el respeto al derecho y las leyes.
