La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión declaró que ha lugar a proceder penalmente en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
El Congreso de Tamaulipas considera que es el único competente para decidir de manera definitiva si ha lugar a proceder penalmente en contra del Gobernador; por lo que interpuso la acción de controversia constitucional para que se deje sin efecto la declaración de procedencia decretada por la Cámara de Diputados.
Los funcionarios públicos son responsables de los delitos que cometan, pero durante su encargo algunos de ellos no pueden ser perseguidos penalmente, a menos que previamente la Cámara de Diputados decrete que ha lugar a proceder en su contra.
A este requisito por tradición se le llama popularmente fuero, pero técnicamente es la declaración de procedencia.
Las controversias constitucionales son juicios que se promueven en única instancia ante la Suprema Corte de Justicia, cuando se suscita un conflicto de competencia entre distintos poderes u órganos de gobierno de la federación o los estados.
Lo anterior, porque nadie puede ser molestado en su persona o posesiones sin una orden de la autoridad competente en el asunto de que se trate.
En la especie, el conflicto es determinar quién es competente para desaforar al Gobernador: la Cámara de Diputados o el Congreso de Tamaulipas.
El artículo 111, párrafo V, constitucional establece que para proceder penalmente por delitos federales en contra de gobernadores, la Cámara de Diputados deberá decretar la declaración de procedencia.
Pero el único efecto de esa declaración será que se comunique a Congreso estatal que corresponda, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda.
Así, pues, es el Congreso de Tamaulipas quien deberá resolver si priva al Gobernador del fuero constitucional.
