Los únicos edificios de múltiples niveles durante décadas en la Zona Metropolitana fueron el Condominio Guadalajara y el Hotel Hilton (hoy Misión Carlton). Tuvo que pasar mucho tiempo para que se desatara la vorágine inmobiliaria vertical de la que hoy estamos siendo testigos.
Empezaron en la zona de Providencia, luego al Poniente y al Oriente, ahora en San Rafael, Colomos, Los Cubos, abundan desarrollos verticales; casi todos se han plantado en zonas de la ciudad sin que nadie se haga cargo de dotarles de mejores vialidades, cajones de estacionamiento, suministro de agua y manejo de las descargas o mayores espacios recreativos.
Tanto el gobierno del Estado como los ayuntamientos de la Zona Metropolitana (en las actuales y pasadas administraciones) han sido negligentes y omisos en la aplicación de la reglamentación de construcción en todos los municipios conurbados, o en el mejor de los casos, han tenido un trato diferenciado; a algunos les han permitido construir torres de departamentos por doquier cobrándoles multas insignificantes para el volumen del negocio que les representa la venta final de los espacios, en otros casos sobreactúan y clausuran incluso antes de que inicie la construcción.
Unos más, otros menos, todos estos desarrollos impactan de forma negativa el entorno dónde se ubican. Representan invariablemente una sobrecarga de las vialidades, una invasión de las calles aledañas que son utilizadas como estacionamiento, una sobredemanda de agua y sobrecarga del drenaje, un enorme pico de consumo eléctrico y en no pocas ocasiones, daños a las construcciones aledañas por hundimiento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegamos a esta situación?
Cómo ha sido posible que por todos los rumbos de la ciudad, aparezcan ejemplos de complejos inmobiliarios que violan la normatividad, específicamente los planes parciales de desarrollo urbano que establecen el tipo de uso de suelo y el límite de niveles de construcción que debe respetarse.
La descontrolada aparición de estos desarrollos verticales inmobiliarios pudiera parecer una dinámica que desborda a una reglamentación obsoleta que no atiende las necesidades sociales, económicas y de desarrollo, por lo tanto se vuelve impráctica e imposible su aplicación por parte de las autoridades y su cumplimiento por parte de la ciudadanía.
La realidad es que detrás de estas violaciones sistemáticas a la reglamentación de construcción urbana existen jugosos negocios privados que sacan enormes ventajas y ganancias de la sospechosa incapacidad de las autoridades para hacer cumplir la ley.
A una ya de por sí enorme y fuera de control especulación inmobiliaria se suma como factor de rentabilidad de los proyectos de desarrollo de vivienda vertical, sendas autoridades y funcionarios estatales y municipales o incapaces o corruptos que no pueden o no les conviene aplicar la norma y dan pie a torres con decenas de departamentos en lugares en los que no deberían permitirse.
Para un desarrollador inmobiliario el verdadero negocio está en violar la ley. Le resulta más barato y muy lucrativo incumplir la reglamentación urbana y arreglarse con los inspectores y funcionarios municipales o en el peor de los casos, pagar las ridículas multas y cubrir las sanciones en forma de obras de mitigación que cumplir con la ley. Rebasar los límites verticales de construcción por uno o por cien metros les resulta igual de barato; es una simple operación aritmética para mantener los márgenes de ganancia por encima del costo de las sanciones. Más pisos construidos, representan un mayor número de lofts y departamentos y más ganancias destinadas a la ampliación del margen de maniobra que permite a los desarrolladores pagar las consecuencias ya sea por la vía de la corrupción o de una ley blanda y barata.
Las organizaciones vecinales se han manifestado en múltiples ocasiones pero a ningún desarrollador, hasta ahora, se le ha hecho adecuar su inmueble a las especificaciones de construcción permitidas en una determinada zona de la ciudad; ninguno ha tenido que derribar pisos de su edificio o recortar la superficie de construcción permitida; en cambio a varios se les ha hecho pagar unos pocos millones de pesos, sembrar algunos árboles y continuar con su próspero negocio a costa de severas violaciones a la ley.
Pareciera que los gobiernos municipales y del Estado dijeran a los desarrollos inmobiliarios sin escrúpulos: “venga a Guadalajara, aquí cuando construya puede pasarse los pisos que quiera, al fin y al cabo, nosotros le impondremos una multa modesta y le pediremos minúsculas áreas verdes y arregle unas pocas banquetas, es decir, nada que afecte a su negocio”.
El ayuntamiento de Guadalajara se queja de las resoluciones tomadas por el Tribunal Administrativo del Estado (TAE) pero ellos hacen lo mismo. En algunos casos actúan con discrecionalidad y en otros son estridentes. Sin consecuencias en ningún lado.
Mientras tanto los edificios proliferan por doquier y siguen vulnerando la frágil sustentabilidad de la Ciudad.
¿Hasta dónde va a llegar la nueva moda inmobiliaria de las torres chuecas? ¿Hasta cuándo pondremos un alto a la asociación de negligencia y corrupción gubernamental y la falta de escrúpulos y límites legales efectivos de los especuladores inmobiliarios? ¿Hasta cuándo se seguirá permitiendo que la principal estrategia del negocio inmobiliario en Guadalajara sea la violación sistemática de la ley?
@VargasLopezRaul
