Si en un edificio aparece una ventana rota, y no se arregla pronto, inmediatamente el resto de ventanas acaban siendo destrozadas por los vándalos. ¿Por qué? Porque se está transmitiendo el mensaje: aquí nadie cuida de esto, esto está abandonado.
James Wilson y George Kelling
Teoría de las Ventanas Rotas
Dos temas reclaman urgente atención de la sociedad. Por un lado, los lamentables sucesos en la Ciudad de México han sacado a flote un tema sobre el que también debemos cuestionarnos en Guadalajara: la indiscriminada proliferación de desarrollos inmobiliarios verticales que no cumplen con las normas. En esta ciudad son frecuentes los desarrollos que violan el uso de suelo y exceden las dimensiones máximas permitidas. Estos desarrollos que incumplen con lo establecido en la normatividad de uso de suelo (con la complacencia y complicidad de las autoridades o debido al pésimo trabajo que éstas realizan) tampoco garantizan que cumplen con las condiciones mínimas de seguridad e integridad estructurales o con los debidos estudios de mecánica de suelos.
Varios diarios de circulación nacional han dado cuenta de que una cantidad considerable de los edificios afectados en la Ciudad de México tras el reciente sismo del 19 de septiembre, son edificios construidos durante el boom inmobiliario que algunas zonas de la capital del país han experimentado desde hace un par de décadas. ”Boom” inmobiliario que aprovechó todos los atajos que la corrupción le permitió para abaratar costos y acelerar ventas.
Guadalajara vive un fenómeno similar. Aquí se ha hecho de la violación sistemática del uso de suelo y de las dimensiones máximas permitidas en las construcciones, el verdadero negocio inmobiliario. Negocio que traslada sus saldos negativos a los vecinos y a la ciudad al producir saturación desmedida en las vialidades (no sólo por la circulación excesiva de vehículos sino por el uso de banquetas y carriles de circulación como estacionamiento), afectaciones a las áreas verdes, sobredemanda de agua y sobrecarga de drenaje, enormes picos de consumo eléctrico, daños a la estructura de las construcciones circundantes debido a hundimientos diferenciales y disminución del valor de mercado de dichas propiedades.
Algunos argumentan que los grandes edificios representan millonarias inversiones y son parte del desarrollo de la ciudad. El problema es el incumplimiento de la ley, el ritmo desordenado, la ciega intencionalidad lucrativa y la falta de infraestructura de soporte. Notivox Jalisco, señaló hace poco, que en este momento están en construcción, o anunciadas como proyectos inmediatos, alrededor de 100 torres en la Zona Metropolitana de Guadalajara y que la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios estima en alrededor de 6 mil millones de pesos la inversión hecha durante los últimos cinco años en el occidente del país (principalmente Guadalajara), sin embargo, también ha documentado como sistemáticamente varios desarrolladores han violado la norma y continuado con proyectos que bien pueden llamarse “Torres Chuecas”.
En este tema no puede olvidarse la otra cara de la moneda, representada por colonos de distintas zonas de la ciudad, que en los últimos años y meses han acudido a la sede del gobierno municipal, del gobierno estatal y del congreso local para denunciar la serie de irregularidades que se han presentado en la actualización de los Planes Parciales de Desarrollo. Los colonos califican como simulaciones las supuestas consultas públicas realizadas para renovar los lineamientos referentes a uso de suelo y giros comerciales permitidos. Han denunciado que la opinión vecinal no fue, ni ha sido tomada en cuenta y que las autoridades privilegian los giros comerciales y los grandes negocios inmobiliarios por encima de los intereses de los vecinos y sus organizaciones.
¿Hacia dónde va todo esto? Hasta ahora, tras una violación a la norma, el desarrollador inmobiliario paga una multa y cumple con sanciones que son irrisorias frente al lucrativo negocio de violar la ley, pero en ningún caso se le ha ordenado derruir los pisos o las secciones que exceden del límite permitido de construcción para apegarse a la norma. Tal pareciera que el mensaje en lugar de ser ¡Ven a Guadalajara e invierte! es ¡Ven a Guadalajara y viola la ley! Al fin y al cabo aquí te solapamos.
¿Qué nivel de afectación en la calidad de vida de la ciudad debe alcanzarse para frenar y regular adecuadamente este frenesí especulativo? ¿Es necesario que experimentemos una desgracia mayor para poner orden en este tema? Si las autoridades no actúan, las organizaciones vecinales deben tomar cartas en el asunto y sumar apoyos políticos a su lucha.
La inseguridad pública es el otro gran asunto que reclama la urgente atención de la sociedad y que está relacionado, igualmente, con la negligencia, ineficacia y corrupción de las autoridades en todos los niveles de gobierno. Hace poco se presentó la edición más reciente de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2017 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La encuesta actualiza la información a nivel nacional, por entidad federativa y áreas metropolitanas importantes, sobre la situación del fenómeno delictivo durante 2016. También dedica espacio para la evaluación que los mexicanos hacemos del desempeño de las autoridades en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
Se estima que 24 millones 200 mil mexicanos, de 18 años y más, fueron víctimas del delito, lo cual arroja una tasa de prevalencia de 28 mil 788 víctimas por cada cien mil habitantes, cifra que estadísticamente muestra que desde 2013 se ha mantenido la incidencia delictiva sin cambios a pesar de las publicitadas acciones gubernamentales para erradicarla.
Los delitos cometidos con mayor frecuencia fueron: asalto en la calle o en el transporte público, extorsión, fraude y amenazas verbales. El costo total que la inseguridad y el delito representan alcanzó un monto de 229 mil millones de pesos, alrededor del 1% del PIB. Lo cual equivale representa un promedio de 5 mil 650 pesos por persona víctima de la inseguridad.
La cifra negra, el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa alguna, fue de 93.6% a nivel nacional. La propia encuesta estima que los motivos que llevan a la población a no denunciar un delito, son atribuibles a la actuación del gobierno autoridad, tales como: considerar la denuncia como pérdida de tiempo (33.1%) y la desconfianza en la autoridad (16.5%).
Somos el país del continente americano con la mayor cifra negra delictiva con 94%, para hablar en números redondos, seguidos por El Salvador con un 90% y Brasil con alrededor de 80%.
Otro dato igualmente revelador de la situación de inseguridad, incapacidad e impunidad que generan y reproducen el círculo vicioso de la violencia es que del total de delitos consumados en México sólo existe un 4.5% de sentencias condenatorias, es decir, mantenemos de forma sistémica una impunidad cercana al 95 por ciento. No cabe duda que el fenómeno de las ventanas rotas impera en varios ámbitos por todo el país.
@VargasLopezRaul
