En México, la religión, cualquiera que ésta sea, no puede ni debe condicionar a las instituciones gubernamentales, ni situar las creencias que profesa más allá del terreno privado. Cualquier religión, por más respetable que se autoproclame, debe abstenerse de intervenir en asuntos políticos y electorales. A pesar de argumentar interés en las discusiones de los temas que forman parte del debate público, no puede apropiarse del derecho de representación legítima de grupo social alguno, para amparada en ello, violentar la autonomía de gestión estatal y pretender moldear las políticas gubernamentales.
En un Estado constitucionalmente laico como el mexicano, el régimen social de convivencia descansa sobre instituciones políticas que están legitimadas principalmente por la soberanía popular y no por elementos de índole religiosa. Ningún precepto social, político o jurídico, basado en argumentos de orden religioso, puede imponerse con ayuda de los instrumentos de Estado, como regla de comportamiento a persona alguna; en el momento en que algo así ocurriera, desaparecería toda traza de institucionalidad para la convivencia pacífica y pasaríamos a un régimen con todas las características de uno totalitario.
Aún en nuestra imperfecta convivencia democrática los temas de interés público general que suscitan gran polémica entre las fuerzas políticas y la opinión pública como son el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo, la maternidad subrogada, la legalización del consumo de la marihuana y la eutanasia, deben mantenerse en la arena del debate y la toma de decisiones institucional; las decisiones que determinan el sentido de las leyes que los regulan y las políticas gubernamentales que los enmarcan son tareas gubernamentales exclusivas concernientes a los tres órdenes y niveles de gobierno.
Por ello resulta inaceptable la presión que pretenden ejercer los obispos de Guadalajara, Monterrey, Tehuacán, Piedras Negras, Tlalnepantla, Querétaro y Toluca, reunidos como integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano –máximo órgano colegiado de la Iglesia Católica en nuestro país– mediante la convocatoria a sus ministros, feligreses y congregaciones para que los católicos del país se manifiesten a favor de lo que ellos llaman “familia tradicional” (hombre-mujer) Y tomen las calles en señal de protesta contra el matrimonio entre personas del mismo género, los próximos 10 y 24 de septiembre.
A través de su semanario de propaganda Desde la Fe, la Iglesia Católica ha arremetido contra la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión por atreverse a iniciar la discusión sobre el reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo género. Y en una serie de editoriales llamadas ¿Por qué la Iglesia se opone al ‘matrimonio gay’? publicados desde mediados del año pasado, hace afirmaciones sobre la sexualidad humana y en contra de la homosexualidad que destacan por sus prejuicios, imprecisiones y reduccionismo. Estigmatizan a las personas homosexuales y continúan tipificándolas como enfermas. Reducen la sexualidad a la genitalidad, al coito y la penetración e ignoran todos los demás aspectos involucrados en una relación de pareja sea ésta heterosexual u homosexual. Generan alarma y miedo (precursores del odio) hacia las personas homosexuales al afirmar que son inequívocos portadores de enfermedades de transmisión sexual. Y abren la puerta a una confrontación con el movimiento LGBTTTI, que tiene amplia experiencia en movilizaciones y tomas de calles luego de décadas de lucha por hacer valer el reconocimiento y defensa de sus derechos, con sus llamados a la movilización alimentada por los sermones vertidos desde los púlpitos contra la diversidad sexual y sus identidades.
La campaña de oposición de la Iglesia se recrudeció luego de la presentación, en mayo pasado, de la iniciativa presidencial que proponía elevar a rango constitucional el reconocimiento del matrimonio igualitario. La arquidiócesis mexicana apuntó en su semanario: “Habiendo tantos problemas que tienen de rodillas al país… no es posible que el Gobierno de la República ponga como prioridad legislar sobre falsos derechos, que no se sostienen desde una base antropológica, y que minan los valores sociales y familiares sobre los que tradicionalmente se ha asentado la sociedad mexicana”.
Posición que curiosamente es coincidente con el desdén mostrado hacia estos temas por parte del líder moral y político de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, que en junio del año pasado en pleno proceso electoral declaró: “eso, legalizar el aborto y los matrimonios gay, con todo respeto y autenticidad, lo considero como algo no tan importante”.
Tal parece que una vez más el clásico tenía razón: los opuestos se atraen, o lo que en este caso es equivalente: los extremos se tocan.
Más aún, resulta inadmisible que la Iglesia Católica quiera imponer el tono del debate y el sentido de las decisiones sobre estos temas con un tono de aleccionadora superioridad moral, particularmente cuando sobre miembros de su jerarquía, que ahora convoca a las movilizaciones, pesan graves acusaciones documentadas (alrededor de 500 casos) de encubrimiento sistemático de abusos sexuales cometidos en contra de menores por parte de sacerdotes y a nivel mundial, el propio Vaticano ha reconocido la existencia de más de 4 mil demandas en contra de sus ministros por la misma deleznable razón. Incluso no hay que ir más lejos, recientemente el semanario Proceso Jalisco, documentó y dio a conocer el presunto delito de pederastia al reseñar que religiosos acuden a solicitar los servicios sexuales de menores de edad que se prostituyen en el centro de la ciudad.
Para diversos analistas, la abierta oposición de la jerarquía católica mexicana es auspiciada desde El Vaticano y constituye una señal que anticipa al mundo que la Iglesia no dejará pasar, sin presentar pelea, la agenda progresista de derechos para las personas que forman parte de la diversidad de preferencias e identidades sexuales. Con lo cual, nuestro país será el laboratorio en el cual El Vaticano pretende averiguar cuál puede ser el destino que este tipo de discusión. Aprovechará a su favor la actual impopularidad gubernamental, el aparente resurgimiento electoral de personalidades del PAN (ideológicamente coincidentes con los planteamientos católicos) y el oportunismo electoral con que una parte de la izquierda (MORENA) ha manejado este tema.
Es una lástima que la defensa de los derechos de las minorías, la erradicación de la discriminación y el respeto a la capacidad de la mujer para decidir sobre su cuerpo, sean rehenes de prejuicios decimonónicos y de cálculos de rentabilidad electoral y no objeto de un debate amplio e informado de cara a la sociedad.
@VargasLopezRaul
