La designación de ministros para la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante décadas se ha dado con criterio político, el procedimiento constitucional que prevaleció durante treinta años hasta antes de la reforma judicial de 2024 es que el presidente de la república propone una terna de juristas al Senado y dicho órgano legislativo determina mediante dos terceras partes a quien va a ser ministro o ministra, esto independientemente que tenga carrera judicial, incluso sin tener experiencia en el litigio, todo es un criterio estrictamente político.
Así fue integrada la Corte durante los periodos en los que gobernaban el PRI y PAN, por lo que el régimen de la derecha designaba personajes acorde a sus intereses políticos quienes a su vez era operadores desde el poder judicial para la protección de litigios y grandes negocios con despachos y empresarios que eran del régimen, era el circulo virtuoso de la corrupción en el que empresarios financiaban campañas electorales y recibían favores como devoluciones de impuestos de miles de millones y todo blindado y protegido desde tribunales federales.
Por supuesto que hay que reconocer las honrosas excepciones de juzgadores y personal con vocación genuina de la función jurisdiccional, que son quienes desarrollaron experiencia y conocimiento mediante el trabajo cotidiano y preparación permanente que conlleva la carrera judicial, la gente del poder judicial que aspiraba a escalar con aspiraciones legítimas les truncaban posibilidades por muchas prácticas de nepotismo y corrupción al interior, muchos casos de acoso laboral y sexual que quedaron impunes, intercambios entre titulares de cargos en sus plantillas laborales y muchos otros vicios que hacían necesaria la reforma.
Este columnista sigue sosteniendo que no se debió haber sometido a votación popular la designación de jueces y magistrados, pero hay personajes con esos cargos que han sido activistas políticos operadores de la derecha, que en una forma burda emitieron resoluciones tan absurdas jurídicamente que de plano se dieron a conocer como instrumentos de la derecha que se montaron en la confrontación política desde la actividad jurisdiccional, se mostraron a la sociedad como esa red de operación política dentro del poder judicial, a ellos son los que hay que reclamar los excesos de la reforma, aquella que solo iba a elegir a ministros de la Corte por el voto popular, terminó sacrificando gente valiosa que no merecía dejar su cargo.
La nueva realidad ahí está, la nueva Corte que se instalará en unas cuantas semanas tiene la encomienda de reivindicar su imagen ante la sociedad, la principal de dejar de defender o proteger a los potentados que hicieron negocios y se hicieron millonarios al amparo del poder político, esta Corte saliente sigue con ese estigma de corrupción, de ministros inalcanzables y alejados de la ciudadanía, son herederos de sus cargos de priistas y panistas que ahí los pusieron para hacer lo que hicieron, exonerar corruptos, liberar cuentas bancarias de dinero ilícito, perdonar impuestos a empresarios corruptos.
El poder judicial en América latina es el que ha revocado triunfos electorales, legitimado golpes de estado, inhabilitado y encarcelado opositores, esa es la derecha y en México sus rasgos no son diferentes, por eso no se les puede dejar el control como lo tenían por lo ruin y mezquinos que son, dieron muestras suficientes de utilizar las instituciones del Estado para sus intereses políticos, cuando la función jurisdiccional debe ser ajena a toda actuación y confrontación política.
