En los últimos días se ha implementado una campaña por algunos actores mediáticos vinculados a la oposición en los que se promueve el no acudir a votar en la elección de juzgadores el próximo primero de junio, en una burda y abierta promoción incluso de algunos incitando a impedir la instalación de casillas para tratar de cumplir un porcentaje necesario para provocar deliberadamente la nulidad del proceso.
Más allá de que la conducta encuadra en posibles delitos y que la autoridad de procuración de justicia debe hacer lo propio, la campaña proyecta el estatus anímico de la oposición y de algunos actores en particular que han sido beneficiados por una red de jueces, magistrados y ministros que operaban políticamente para proteger intereses económicos de algunos empresarios que construyeron sus riquezas al amparo del poder político.
Si bien es cierto que la elección tiene mucha complejidad por el número de cargos y las características de cada unos de estos no están en el concepto del común de la ciudadanía, la gran mayoría no distingue diferencias entre el juzgadores federales y del fuero común, no conocen la estructura ni sus funciones, no tienen tan relacionado los cargos a elegir a sus actividades cotidianas como si lo tienen de un presidente o presidenta de la república, de legisladores y más aun tratándose de alcaldes o autoridades que están más visible que cualquiera que ejerza una función jurisdiccional.
Aun así ya existe en el país un nivel de conciencia y participación en la ciudadanía, cada vez más la gente está más involucrada en los asuntos públicos y ese será el factor determinante para acudir a las urnas y elegir juzgadoras y juzgadores que conformen la nueva Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Disciplina y la mitad de tribunales colegiados y juzgados de distrito entre otros que se están en disputa, es la nueva era del poder judicial que prácticamente es imposible que puedan detener los promoventes del boicot y abstencionismo de la elección judicial.
En septiembre de este 2025 habrá una nueva Suprema Corte electa popularmente, es inminente que la nueva configuración se integre por personajes ya conocidos en el que los perfiles cobijados por el disminuido bloque opositor es cada vez más difícil que lleguen, el nuevo tribunal sin duda continuará con la inercia de avances y protección a los derechos humanos que es una de las características de un enfoque liberal del derecho, que incluso dentro del modelo conservador en la etapa de los gobiernos panistas, la Corte estableció criterios importantes acorde a una mayor protección de derechos fundamentales.
Las voces de boicot y de llamados a no salir a votar son pocas, pero una de ellas es la del dueño de TV Azteca que mediante esa televisora y sus trabajadores encargados de dar noticias promueven abiertamente el no acudir a sufragar a la elección de juzgadores federales siguiendo en su narrativa de descalificaciones e insultos a la reforma judicial y contra la presidenta de la república y el gobierno federal, evidentemente en un claro grito revestido de impotencia que avizora que la próxima Corte dejará de proteger su emporio construido al amparo del poder y le obligará a pagar el adeudo millonario de impuestos que tiene a las arcas públicas.
De ahí una horda de séquitos hacen eco a sus posicionamientos de boicot a un proceso electoral mandatado por la constitución mexicana, organizado por las autoridades legal y democráticamente establecidas, lo cual, como ya se dijo, tiene o debe de tener consecuencias por tratarse de delitos como sedición.
