El Ejecutivo ha enviado al Legislativo una iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), donde el orden de alimentación al sistema eléctrico nacional se realizaría por tipo de proveedor, como sigue:
1) Hidroeléctricas y otras plantas de la CFE; 2) energía eólica o solar de particulares, y 3) energía de ciclo combinado de empresas privadas.
Económicamente, es aberrante privilegiar a un proveedor que produce a mayores precios, pero es entendible dar prioridad de despacho de energía producida por las actualmente subordinadas hidroeléctricas para salvaguardar su propia viabilidad económica, y también porque su uso subordinado ha dado lugar a desastres provocados por inundaciones, por lo que ya el Presidente había decretado medidas para que el despacho de energía de las grandes presas garantice niveles que no provoquen tales desastres.
La iniciativa también salvaguarda la viabilidad económica de la CFE proponiendo cambios en los contratos que establecen con anticipación proveedurías a precio y cantidad, pero no obligan al proveedor a despachar lo comprometido, donde la CFE absorbe la pérdida por no despacho, provocando déficits económicos que de subsistir obligarían a la CFE a aumentar sus tarifas.
En la médula de la iniciativa encontramos un cambio importante de políticas públicas, de fortalecer a los proveedores estatales de energía como sector estratégico, donde en el dictado de su funcionamiento no privan criterios de mercado y eficiencia, sino de seguridad, confiabilidad y acceso en el servicio para toda la población, que es función inalienable del Estado. La iniciativa abunda en ejemplos donde en la actual LIE existen riesgos contra tales criterios.
Un factor también subyacente a la iniciativa es otra política de bienestar de estabilizar los precios de los energéticos, la cual se facilita a través de devolver la rentabilidad y solvencia a las empresas del Estado que los suministran.
La prueba de que la reforma de 2013 no cumplió con este objetivo es el comportamiento de los precios de la energía eléctrica, que después de la reforma crecieron 80 por ciento hasta 2018, mientras que el número de participantes privados se incrementó considerablemente.
@PatyArmendariz
