La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen para expedir la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia. Esta ley es reglamentaria de los artículos 108,109,110,111 y 112 de la Constitución en materia de juicio político, declaración de procedencia y responsabilidad penal del presidente, cuyo procedimiento no terminó a tiempo en la legislatura pasada y por eso su urgencia.
La nueva ley combate la corrupción e impunidad de los altos funcionarios, evitando que abusen de su investidura para incurrir en conductas ilícitas sin correr el riesgo de ser llamados a juicio, garantizando la aplicación de la justicia penal y política.
De manera importante, la nueva ley permite el desafuero y juicio político del presidente de la República.
La reciente reforma a los artículos citados de la Constitución representa una mejora para eliminar el sistema de impunidad que existía desde la Ley Suprema y que brindaba protección y privilegios al presidente de la República, y donde la normativa hasta hoy prevaleciente contenía muchos “huecos” que se prestaban a impunidad para todo funcionario público. La nueva reglamentación establece un órgano único central para agilizar el procedimiento y garantizar el debido proceso tanto del juicio político como en el desafuero del funcionario público, independientemente de que éste pertenezca al gobierno federal, entidad federativa o localidad municipal donde las leyes estatales locales a veces impedían el ejercicio de la justicia.
Otro avance significativo es que cualquier ciudadano podrá formular una denuncia contra cualquier servidor público ante la Cámara de Diputados, ya sea directamente en el caso de juicio político o a través del Ministerio Público en el caso de desafuero. En el caso del presidente de la República al permitirse ahora su desafuero, a través del procedimiento de juicio político, puede ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano.
Esta ley, por sus innegables méritos, merecía haber sido aprobada por unanimidad. La minoría de oposición la desaprobó pidiendo más tiempo de discusión y análisis.
@PatyArmendariz
