El gobierno estatal logró mediante un juicio revertir la donación de un terreno público de seis mil metros cuadrados de la Reserva Territorial Atlixcáyotl en poder del sector privado.
En 2004 la administración de Melquiades Morales Flores otorgó en donación un predio público al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla. Se establecía un plazo en el contrato el compromiso de las cámaras empresariales de construir un nuevo edificio empresarial.
Pero fue en el gobierno de Rafael Moreno Valle, en 2016, cuando el CCE colocó la primera piedra de la obra My Residence, en la Reserva Atlixcáyotl, que representaría un costo de 500 millones de pesos. El proyecto contemplaba un complejo comercial, un hotel, tres torres ejecutivas y las oficinas de las cámaras empresariales.
Ante el incumplimiento del organismo empresarial, el gobierno de Miguel Barbosa decidió por la vía judicial revertir la donación. Un juez determinó rescindir el contrato del predio ubicado en avenida Cúmulo de Virgo, frente al Complejo Cultural Universitario (CCU).
El mandatario poblano aseveró que terminará con privilegios otorgados por gobiernos anteriores a favor de particulares. Y el gobernador tiene mucha razón. La historia es larga de despojos para lucrar con bienes públicos declarados por administraciones mediante expropiaciones.
Mariano Piña Olaya logró durante su mandato que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari le concediera la expropiación de mil 84 hectáreas de los ejidos de San Bernardino Tlaxcalancingo, La Trinidad Chautenco, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, con la justificación de que sería para un programa de reordenamiento urbano de la ciudad de Puebla.
Sin embargo, el 4 de junio de 1992, el Congreso local le aprobó a Piña Olaya la iniciativa para enajenar, vender, donar o transmitir las mil 84 hectáreas, lo que significó un jugoso negocio, sin contar con inmuebles que enajenó a su favor. Benefició a empresarios como Kamel Nacif, Salvador Cué Silva, Rafael Posada Cueto y una larga lista de prestanombres de ex gobernadores y funcionarios.
El sexenio de Manuel Bartlett Díaz, por su parte, expropió más de 60 inmuebles del Paseo de San Francisco en 1996 para utilidad pública, pero terminaron en manos privadas, como ocurrió con la fábrica La Constancia, el Estanque de los Pescaditos, la fábrica La Violeta y la casa Villa Flora.
Pablo Ruiz
