El caso de Hernán Bermúdez, hoy prófugo de la justicia acusado de ser un líder criminal de alta peligrosidad, con la agravante que fue secretario de seguridad en Tabasco y lejos de combatir al crimen lo encabezaba, cuando Adán Augusto López Hernández fue gobernador de aquella entidad; está cimbrando al morenismo y sus figuras, empezando por el mismísimo ex secretario de Gobernación y actual coordinador de los senadores del partido oficial, quien de manera un tanto forzada trata de afrontarlo.
Aunque algunos voceros de este partido han tratado de contrarrestar este infame caso construyendo una narrativa que distancie a López Hernández de la posible responsabilidad por complicidad, encubrimiento o ignorancia de la situación, situándolo como víctima de una campaña de la oposición, resulta muy difícil que no se equipare con lo que fue el caso García Luna y Felipe Calderón, y en las conversaciones emergen recurrentemente los propios argumentos que con persistencia lanzaron contra el ex presidente panista tratando de inculparlo. La duda de hoy: ¿El ex gobernador realmente no sabía nada de lo que hacía su secretario?
La presidenta ha tenido que entrar al tema, planteando que cualquier acusación se sustente con pruebas y solicitando que se permita que la Fiscalía General de la República sea la que determine responsabilidades; “aquí no se cubre a nadie, si la FGR tiene alguna evidencia contra alguien que sea militante o no de Morena, adelante, y que continúe la investigación”.
Dicha postura se entiende por institucionalidad y quizá más que por convicción o compañerismo para tratar de evitar daños al movimiento y a su propio gobierno que trata con denuedo de evidenciar que tienen mucha más determinación que su antecesor para combatir al crimen.
Importante prueba y oportunidad tiene ante sí el gobierno y el partido en el poder, cuando se tiene como antecedente los cada vez más severos señalamientos del Gobierno de Estados Unidos, afirmando que los grupos del crimen organizado actúan en contubernio con el gobierno, o están incrustados y tienen una gran influencia sobre el mismo.
Es la ocasión para mostrar que en México verdaderamente ni se politiza la justicia ni se judicializa la política, basado esto además en las muestras de autonomía que deberá aportar la FGR para ir a fondo en este caso y poner cada cosa en su lugar, con elementos suficientes fincando las responsabilidades procedentes, para despejar cualquier asomo de duda tanto al interior como al exterior. No está sencilla la prueba. Ojalá sentaran un buen precedente que despejara dudas y para ello tendrían que “rodar algunas cabezas”.
#Provocaciones
#Intensidad: Aún sin haber dado a conocer al gabinete que le acompañará, la nueva rectora de la UAEMéx no se ha tomado un día de descanso tras rendir protesta, está recorriendo los espacios universitarios con miras a reacondicionarlos para volver a la actividad con el inicio del próximo semestre, asimismo está personalmente realizando acercamientos con grupos estudiantiles para escuchar sus exigencias y construir acuerdos. Empieza bien en ello logrando en su cuarto día que fueran devueltas las instalaciones de la Unidad Académica de Chimalhuacán. Hay esperanza y construye confianza. Ojalá así continúe. Será también bueno, para la expectativa, conocer en breve a su gabinete.
#ProBono: Me gusta la provocación lanzada por el próximo presidente del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo, llamando a los colegios, barras y despachos de abogados a que se comprometan a llevar uno o dos casos al año, pro-bono, como un servicio social que ayude a que las personas con menos recursos tengan la asistencia de buenos abogados, sin costo, para que eso permita ampliar el acceso a la justicia. Casos debe haber muchos, ojalá esto lo formalicen y se haga parte de una buena tradición y compromiso social del gremio.
