En un sexenio marcado por el discurso y la bandera desde la Presidencia de ir contra la corrupción y la impunidad, el Estado enfrenta el debilitamiento de sus más importantes instituciones en esa lucha, con evidentes conflictos entre los funcionarios que dicen seguir los lineamientos que marca Andrés Manuel López Obrador.
La historia de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en la que se colaron cuadros y prácticas salinistas para absolver personajes de dudosa reputación, ahora se ve recreada en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de David Colmenares, donde el funcionario que se desempeñaba como su mano derecha ahora prácticamente lo señala de solapar desvíos de recursos, al limitar la capacidad de ese órgano para presentar denuncias penales.
Gerardo Lozano Dubernard, ahora ex auditor especial de Cumplimiento Financiero (renunció el pasado 15 de noviembre), llegó a la ASF a invitación del propio Colmenares. En tres años ambos interpusieron 138 denuncias penales por irregularidades que acumularon 20 mil millones de pesos, y que derivaron incluso en la aprehensión de funcionarios.
Pero el equipo se rompió ante la creciente influencia de dos personajes heredados de la administración de Enrique Peña Nieto: el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF, Víctor Andrade, y el titular de la Unidad Técnica del órgano, Eber Betanzos.
El primero es hermano de Virgilio Andrade, el secretario de la Función Pública que absolvió a Peña Nieto y Luis Videgaray por sus respectivas casas blancas, y el segundo es el ex funcionario de la SFP que reportó como viáticos 3.5 millones de pesos en 59 viajes nacionales e internacionales durante la gestión de Arely Gómez en esa dependencia.
Por su cuenta Colmenares, Andrade y Betanzos modificaron el reglamento interno de la ASF para impedir que el área de Lozano pudiera intervenir en las denuncias, congelando así más de 60 dictámenes de Auditoría Financiera que reportaban irregularidades en el uso de mil millones de pesos del erario.
Palabras clave
Se perdió un motor más en la lucha anticorrupción: con el cambio de reglamento, el auditor especial puede hallar irregularidades, pero no denunciarlas. Eso es facultad exclusiva del ‘área de seguimiento’ —que es la que tiene contacto con los funcionarios señalados—. Es un chiste. Un muy mal chiste.
Óscar Cedillo@Conejocedillo
