El discurso de la 4T se basa en la lucha contra la corrupción: difícil de concretar cuando la oficina diseñada para encabezarla, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), de María de la Luz Mijangos, no cuenta con los recursos suficientes para desempeñar su labor.
La citada cartera fue la joya de la corona cuando la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, en tiempos de un debilitado Enrique Peña Nieto, que buscaba lavar los excesos de su gobierno con una estrategia para ciudadanizar el combate a los corruptos, dotando a la también incipiente FGR de una autonomía que sería replicada incluso en sus órganos internos, específicamente en la que se vislumbraba como una poderosa FECC.
El Congreso nunca concretó el nombramiento de la cabeza del SNA y dejó vacante una ‘fiscalía anticorrupción’ que, poco a poco, en el marco jurídico y en la operación real, se fue subordinando ante el primer fiscal general de la República, Alejandro Gertz: el mismo que nombró directamente a Mijangos el 8 de febrero de 2019, como ‘sugerencia’ surgida desde Palacio Nacional.
La instalación de la FECC se oficializó en el DOF el 1 de marzo de ese mismo año y, 10 días después, el Senado ratificó el nombramiento de su titular; lo anterior ante las protestas de diversos organismos de la sociedad civil que señalaron violaciones constitucionales y legales en un proceso de designación para el que no se emitió convocatoria alguna. Y en el que tampoco hubo participación ciudadana.
De acuerdo con los propios reportes que la fiscal Mijangos ha emitido al Senado, su oficina nació con alrededor de 100 millones de pesos de presupuesto y 28 agentes del Ministerio Público, esto para atender unas mil carpetas de investigación que se acumularon en el primer año. Para el corte de 2021, los agentes subieron a 68, las carpetas a mil 688 y el presupuesto a 123 mdp.
Palabras clave
Si bien la fiscal Mijangos reporta 662 determinaciones impuestas para similar número de carpetas, 275 se refieren a declinación por incompetencia, 123 a acumulaciones de expedientes con casos similares y 38 más a abstenciones de investigación. En la sumatoria completa de su gestión, la ‘fiscalía anticorrupción’ ha judicializado solo 22 carpetas, recurrió ocho veces a los Mecanismo Alternativos de Solución y otorgó un criterio de oportunidad. No es complicado sacar conclusiones.
Óscar Cedillo@Conejocedillo
