El reciente aval que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó para el uso recreativo y lúdico de la cannabis, independientemente de lo que los legisladores federales regulen cuando así suceda, más allá de anclarnos en el debate sobre sus pros y contras, realistas de que ya es un hecho virtualmente consumado, nos obliga en cambio a que todos hagamos prevención y evitemos que estas medidas generen un mayúsculo problema de salud pública en materia de adicciones.
Como profesional especialista en adicciones, estudioso de la materia y certificado en una de las instituciones de mayor reconocimiento en el país, desde siempre elegí evadir entrar como comunicador en el debate de si debería regularse o no el uso recreativo, medicinal o lúdico de la marihuana, puesto que más allá de la postura que pudiera tener como agente de salud, en mi calidad de analista político siempre he estado cierto de que, con la salvedad de la forma en que sea redactada la actualización legislativa, era una tendencia casi inevitable que tarde o temprano tendría que suceder.
Habiendo colaborado cerca de dos años como comunicador social al lado de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entiendo el espíritu de algunos de los textos que buscan la regulación como defensores de las libertades individuales y como elementos de promoción para los agricultores mexicanos de las regiones productoras, además de los estudios que avalan los beneficios medicinales del CBD y el THC, así como los múltiples usos del cáñamo en diversas industrias, lo cual me parece no está en discusión.
En materia de salud y políticas públicas de prevención es donde deberíamos estar abriendo el gran debate ante la realidad a la vista, en virtud de que esta droga se sumará al tabaco y al alcohol como las tres que estarían comercialmente reguladas, con las consecuencias naturales previsibles en materia de uso, abuso y dependencia de estas sustancias.
Baste darle una revisada a la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016/2017 en la que se establece que es uno de los problemas de salud pública de mayor relevancia en México debido a las consecuencias sanitarias y sociales de quienes las consumen.
Esta herramienta estadística, que seguramente incrementó los índices de abuso y dependencia de sustancias a raíz de la pandemia por el Covid19, desde entonces marcaba ya aumentos generalizados en el consumo y dependencia de alcohol, tabaco y marihuana, justo estas tres drogas que ya se consideran de uso permitido en nuestro país, aunque la legislación del cannabis aún no esté concluida.
Más allá de las estadísticas, quienes nos dedicamos a la orientación, atención y tratamiento de adicciones y codependencia, hemos notado un incremento muy claro en el consumo de cannabis, sobre todo en la población joven bajo el argumento de que si será legal es porque no es nociva, lo cual es en realidad un sofisma.
Otro de los argumentos es que su “naturalidad” y ausencia de procesamiento industrial la hacen menos tóxica que otras drogas y que incluso ello hace que sea una sustancia que no causa adicción, lo cual también es una falacia.
Si bien es cierto que no todos los consumidores desarrollan la adicción (igual que pasa con el alcohol y el tabaco), eso no quiere decir que no sea una sustancia adictiva, ya que su componente psicotrópico, tetrahidrocannabinol o THC, causa tanta dependencia como el etanol y la nicotina.
Así que a los problemas de alcoholismo y tabaquismo que en el sector salud no nos damos abasto para atender, habrá que agregar un potencial incremento de uso, abuso y dependencia por marihuana con sus respectivas consecuencias en el individuo, la familia y la comunidad en general.
Por ello, aparejado a las discusiones y análisis de los términos en que debe ser regulado el consumo de cannabis, deberemos todos como sociedad estar trabajando en fortalecer los factores de protección y en disminuir los factores de riesgo para que nuestra realidad inminente no nos traiga un mayor problema de salud pública.
Instituciones públicas y privadas, empresas, organizaciones sociales, escuelas y universidades, padres de familia, investigadores, académicos, medios de comunicación y todos los demás sectores involucrados directa o indirectamente, hagamos prevención y anticipémonos a lo que muy pronto será una nueva realidad en México.
Omar Cervantes Rodríguez
