Hoy entra en vigor el decreto que da origen a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, expedido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Un órgano transitorio que, presidido por ella que, en los hechos, da el banderazo de salida a la próxima reforma de gran calado del sistema electoral mexicano.
La presidencia ejecutiva estará a cargo de Pablo Gómez Álvarez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y experto en elecciones: otros de sus integrantes serán representantes titulares y suplentes de la Secretaría de Gobernación, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Consejería Jurídica, y diversas áreas de la Oficina de la Presidencia.
Además, la Comisión tiene la atribución de invitar a representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, academia y sociedad civil, llámese INE, OPLE, UNAM, etc., quienes podrán participar con derecho a voz, pero sin voto.
Partiendo de la premisa de que el protagonista central de la cuarta transformación es y ha sido el pueblo, esta Comisión tendrá como objeto convocarlo para que se exprese sobre la reforma electoral; realizar estudios sobre este mismo tema; llevar a cabo los análisis necesarios y elaborar propuestas sobre la reforma electoral; constituir los grupos de trabajo que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones; así como, elaborar y expedir su reglamento interno.
Un diagnóstico integral sobre el estado que guarda el modelo electoral mexicano sobre aspectos clave como el financiamiento de los partidos político, la representación popular y los mecanismos de participación ciudadana es el primer paso. Posteriormente, en coordinación con el poder legislativo federal, se realizarán foros que culminen con la elaboración de una propuesta de reforma.
Interesante proceso de construcción del nuevo modelo electoral que, atendiendo a la encuesta de Mitofsky, publicada en julio 2025, más del 49 por ciento de la ciudadanía considera urgente.
Si bien en temas como la desaparición de los institutos electorales locales o la reestructuración del INE las opiniones están divididas, existe un amplio consenso ciudadano en torno propuestas como eliminar el financiamiento público a los partidos políticos en años sin elecciones, con un respaldo del 83.5 por ciento; reducir el tamaño de los congresos locales y los cabildos municipales, con 81.7 por ciento de apoyo; disminuir el número de diputados federales de 500 a 300, con una aprobación del 78.6 por ciento; reducir drásticamente el financiamiento público a los partidos en años electorales, con 76.9 por ciento de respaldo; recortar los tiempos en radio y televisión para partidos y gobiernos, con un 67.2 por ciento de apoyo; así como eliminar los senadores plurinominales, dejando únicamente tres por estado, con una aprobación del 65.9 por ciento.
Si, como se ha planteado, esta reforma obedece a una dinámica diferente y busca poner al pueblo en el centro, será indispensable garantizar un ejercicio verdaderamente participativo, plural y transparente para la construcción de consensos desde la diversidad y el respeto a las opiniones de todas las fuerzas políticas.
