En 2024, únicamente los presupuestos municipales de Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico tienen destinados recursos para sus Institutos de las Mujeres, los mismos que en 2023, sólo que con un aumento en el monto:
Nuevo Laredo asignó casi 7 millones 575 mil pesos, Reynosa apenas 3 millones 116 mil pesos, a pesar de ser el municipio con mayor población; mientras que Tampico destinó 2 millones 846 mil pesos para todo el ejercicio.
Estos institutos tienen la calidad de organismos públicos descentralizados (OPD).
En febrero de 2023, una reforma al Código Municipal para el Estado de Tamaulipas incorporó los artículos 198 Bis y 198 Ter imponiendo a cada Ayuntamiento crear, preferentemente, un Instituto Municipal de las Mujeres, con la función de promover, diseñar, coordinar, evaluar e instrumentar las acciones afirmativas y políticas públicas que impulsen la igualdad sustantiva, la no discriminación y la prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres.
Se entiende que, en caso de no crear un instituto municipal, deberán atender la obligación de transversalizar la perspectiva de género desde una Unidad de Género, al menos, como sucede en El Mante, con un Instituto Municipal de las Mujeres que opera como unidad administrativa, no como OPD.
Sin embargo, resulta difícil entender cómo cumplirán con esta obligación los municipios que en sus presupuestos de egresos omiten incorporar conceptos clave como “igualdad”, “género”, “mujer” o “equidad”; como sucede en Abasolo,
Aldama, Burgos, Camargo, Casas, Guerrero, Jiménez, Matamoros, Méndez, Miguel Alemán, San Nicolás, Soto la Marina y Xicoténcatl, que parecen estar ausentes en la misión de promover la igualdad sustantiva y eliminar la violencia contra las mujeres.
Casos contrarios son los municipios de Miquihuana, Cruillas, Padilla, Palmillas, que incluyen estos conceptos 48, 28, 19 y 15 veces, respectivamente, en las estrategias, objetivos, líneas de acción o metas.
En Nuevo Laredo, Ciudad Madero, San Fernando, Tampico, Gustavo Díaz Ordaz, El Mante, Río Bravo, González, Jaumave, Valle Hermoso, Victoria y Güémez estos términos se incorporan al menos nueve veces en sus presupuestos municipales, resaltando su esfuerzo por adoptar la perspectiva de género como algo fundamental y estratégico.
La perspectiva de género es un enfoque fundamental y estratégico que nos acercan a las metas en igualdad de género de la agenda 2030 de Naciones Unidas, una metodología que permite entender que la vida de mujeres y hombres no está “naturalmente” determinada, que existen patrones culturales que generan desigualdades, discriminación y violencia que se deben erradicar.
Es un reconocimiento de que la igualdad de género no es solo un concepto abstracto, sino una realidad que requiere acciones concretas y asignación de recursos.
La asignación de recursos, más que un tema numérico, es una manifestación tangible del compromiso social y político para avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, un compromiso que, lamentablemente, no siempre se refleja de manera uniforme.
Como lo ha señalado la diputada morenista Úrsula Salazar, a las reformas se les debe dar seguimiento para evitar que se conviertan en letra muerta.
