La presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación anunció el pasado viernes que, al término de su primer periodo al frente de ese organismo —que habrá de verificarse el día 15—, no buscará el segundo a que le da derecho la ley, por lo que dejará el cargo esta semana.
El peculiar estatuto interno del Conapred —un consejo cuya presidencia no es electa sino designada por el Ejecutivo federal, y que puede ser refrendada por otro periodo de cuatro años pero, otra vez, solo por el Presidente de la República—, así como el fraseo con el que la funcionaria comunicó su separación del cargo (esas “razones personales y familiares” que mal ocultan una renuncia forzada en estos tiempos en que el lenguaje echeverrista ha vuelto a ponerse en boga) no hacen sino generar preocupación, y más a la luz del desaseado proceso paralelo con que Morena ha pretendido imponer a Rosario Piedra como presidenta de la CNDH.
Cierto es que la todavía presidenta de Conapred hizo mucho por ocultar su origen peñista (fue cercana al depuesto ministro Medina Mora tanto en Pro México como en la embajada en Estados Unidos) y por ostentar un lopezobradorismo tardío, llegando incluso a comparecer en alguna mañanera. No le bastó, sin embargo, para alcanzar la imagen de incondicionalidad que acaso esperaba revestir, por lo que se antoja probable que sea relevada por un cuadro aún más cómodo a la agenda presidencial.
En su mensaje de despedida, la funcionaria dijo que hoy los valores de Conapred coinciden plenamente con los de la actual administración. No se equivoca: a lo largo de su gestión, la institución mostró un absoluto desdén por el debido proceso, una entronización de lo simbólico por sobre lo jurídico, una sumisión a la agenda del Ejecutivo y una tendencia a generar políticas públicas no para beneficio de los ciudadanos sino para regocijo de la galería, encarnada hoy por Twitter. Esto no pasaría si, como he advertido en esta columna en repetidas ocasiones, Conapred fuera el órgano autónomo que pretendíamos quienes lo fundamos.
Los finales abiertos funcionan bien en la ficción; en política, no generan sino desazón.
