El proceso electoral 2017-2018 fue el más grande en la historia de México con base en el número de cargos que estuvieron en juego, así como en el número de funcionarios profesionalizados y voluntarios que se desplegaron. Ha sido también el que se inserta en el marco legal y normativo más complejo (el cual incluyó leyes federales y locales, lineamientos emitidos por el órgano administrativo nacional y sus equivalentes locales; jurisprudencias, sentencias y criterios emitidos por diversas instancias jurisdiccionales).
Su desarrollo fue observado, por supuesto, por medios de comunicación, pero también por una misión desarrollada por la OEA y conformada por un grupo de cerca de 65 especialistas, quienes son llamados a generar un informe con base en lo que atestigüen que ocurre en el país. Su presencia en la nuestra, como en otras elecciones en el continente, si bien no puede garantizar la democracia, sí constituye un respaldo para que el mundo entero esté atento a lo que ocurre en el ámbito electoral en nuestra América.
Dicho reporte se presentó esta semana ante la Asamblea General del Organismo. Compactándolo podemos decir que juzgan encomiable la claridad del triunfo de López Obrador y la rapidez con la que sus contrincantes salieron a reconocer su derrota. Subrayaron la organización efectuada por el INE y los organismos locales, aunque consideraron que se debería ampliar el número de casillas especiales a fin de que se den abasto.
Deploran los actos de violencia, ya que son incompatibles con la democracia. Emiten recomendación a las autoridades en el sentido de no modificar criterios poco tiempo previo a la jornada, como fue el caso de cuáles boletas se considerarían nulas, y lamentan la decisión de los tribunales de permitir el uso de tarjetas como parte de la propaganda, por considerar que, como lo había ya advertido la autoridad administrativa, pudieran ser interpretadas por el electorado como compra de su voto. ¡Qué buen ojo tienen los observadores!
Politóloga* [email protected]
