Tres asuntos de enorme importancia se discutieron el lunes en la Sala Superior del Tepjf. Primero, lo que daba materia al debate: si siete de las 15 postulaciones a las gubernaturas tendrían que ser para mujeres como lo estipuló el INE. El proyecto de la magistrada ponente, Janine Otálora, iba en el sentido incluso de aumentar a 8 de 15 para cumplir con lo que estipula la Constitución.
Pero ese asunto llevó también a plantearse –como si hubiera lugar a duda – si todas las autoridades están facultadas para hacer valer lo que está inscrito en la Carta Magna, independientemente de que exista o no una ley que regule el articulado del que se trate. Hace apenas unos meses ese mismo tribunal ordenó al OPLE de Nuevo León generar lineamientos para cumplir con la paridad toda vez que el Congreso del Estado no cumplió con su obligación de normarla; pero ayer, algunos parecían tener una opinión diversa cuando el INE estaba haciendo justamente lo mismo, pero a nivel federal.
Por último, una serie de inconsistencias entre lo que se pudo ver que ocurrió en la sesión y lo que el boletín oficial del Tepjf decía, trajeron al debate público el asunto de la transparencia en el Poder Judicial. Lunes y martes transcurrieron entre, por un lado, el presidente de la Sala y el equipo de comunicación de ese órgano, asegurando que lo acordado era un simple exhorto a los partidos para que en la medida de lo posible postularan mitad de mujeres, y los tuits y entrevistas de la magistrada Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez asegurando que lo que valía era lo expresado y votado en la sesión y que, como todos vimos, iba en el sentido de obligar a los partidos a esas postulaciones paritarias.
Si la Constitución dice “Paridad en Todo” y el Congreso no lo regula, y el INE no puede generar lineamientos para atender a la Carta Magna, y el Tribunal no puede sostenerse en lo que discute y vota, entonces éste no es un país de leyes. Una tragedia mayúscula.
Politóloga*[email protected]
