2020, con casi todos sus meses ocurriendo en el marco de la pandemia del COVID, parecía estar destinado a ser un año de inmovilidad. Sin embargo, ese no fue ni por asomo el caso en lo que a las acciones para impulsar la participación política de las mujeres se trata.
En abril se publicó la reforma a ocho leyes a nivel federal que permite atender el fenómeno de la violencia política hacia las mujeres en razón de género, entendida como toda acción u omisión que tenga por objeto socavar sus derechos político electorales y se dirija a ellas por el hecho de ser mujeres -básicamente por, basados en estereotipos, considerar que la actividad pública no es un ámbito propio para este género- o que les afecte de forma desproporcionada.
Acompañó este cambio el “3 de 3 contra la violencia política” que consiste en que quienes pretendan una candidatura no deberán tener una sanción debido a haber cometido acoso o abuso de índole sexual o ser deudores de pensión alimenticia. La pinza se cierra con el Registro Nacional de Violentadores Políticos. Y con la determinación de la Sala Regional Xalapa de que la protección en materia de este tipo de violencia se extiende también a las mujeres que ocupan cargos por designación y no solo a las electas.
Para contrarrestar la falta de apoyo a las campañas de las candidatas mujeres, el INE determinó que el 40 por ciento de las prerrogativas (financiamiento y tiempos de radio y televisión) que reciban los partidos para sus campañas, deberán dedicarlas a la promoción de sus abanderadas.
Y la semana pasada, el TEPJF confirmó que los partidos deberán postular un cincuenta por ciento de mujeres a las gubernaturas. De hecho, hoy vence el plazo para que notifiquen al INE cuáles estados les reservarán a ellas.
Estos avances eran lo menos que se podía esperar de un año que inició con la gran marcha y la extensa huelga de mujeres. Que lo que no detuvo el COVID no lo frenen los hombres, es nuestra oración para este fin de año.
Politóloga*[email protected]
