Si nos pusiéramos en el lugar de alguna persona migrante, comprenderíamos que detrás de la decisión de dejar atrás su hogar, muchas veces está la necesidad por causas que pueden ser tan diversas como la violencia, los desastres naturales, la pobreza, las persecuciones o el cambio climático. Esto nos invita a reflexionar sobre una realidad que no podemos ignorar: la migración forzada.
El cambio de liderazgo en Estados Unidos y las políticas migratorias presentan nuevos retos para las personas migrantes, retornadas, con necesidad de protección internacional y desplazadas, quienes aun en este contexto están ante situaciones que las obligan a desplazarse en busca de seguridad.
Nuevo León es un estado referente de productividad y desarrollo, que históricamente ha mantenido un constante crecimiento demográfico, el cual se ha acelerado en los últimos años. Además, ha vivido flujos migratorios sin precedentes, principalmente de tránsito.
Desde el sector público, atender a toda la población que año con año llega a Nuevo León supone un desafío presupuestario, pues se requiere de una asignación mayor de recursos para garantizar a todas las personas sus derechos económicos y sociales, como ingreso, salud, educación o vivienda adecuada.
Hasta ahora hemos podido entre todas las instituciones nacionales, estatales y locales, coordinarnos para lograr el objetivo de garantizar los derechos de las personas en situación de migración forzada.
Para hacer frente a estos retos trabajamos con un Modelo de Inclusión Total orientado a proteger los derechos de las personas refugiadas, reconocido en el Foro Mundial sobre Refugiados 2023 en Ginebra, Suiza, convocado por las Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), donde se distinguieron las buenas prácticas de la Secretaría de Igualdad e Inclusión.
También creamos el Protocolo de Atención para Flujos Migratorios y Desplazamientos Mixtos, único en su tipo, con un marco de acción que responde a la complejidad de los desplazamientos y da atención, dignificando este fenómeno social que ha sido estigmatizado.
Es responsabilidad de los gobiernos crear condiciones para que las personas no se vean obligadas a migrar, así como garantizar un trato digno a quienes están en tránsito.
Nos hemos venido preparando con el fortalecimiento de albergues gestionados por las organizaciones de la sociedad civil, nuevos espacios en colaboración con el DIF, proyectos para promover la regularización y vinculación laboral, acuerdos con la Organización Internacional para las Migraciones y con la ACNUR para la integración de personas refugiadas, así como condiciones dignas y seguras para las personas en desplazamientos forzados.
A pesar de dejar su hogar atrás, las personas no perdemos nuestra dignidad y derechos. Nadie está exento de dejar su país o su hogar. Preguntémonos, si fuera yo quien no tuviera más opción que migrar, ¿qué trato desearía tener?
El contexto apunta a que estaremos ante flujos migratorios importantes. Debemos estar listos y adecuar nuestra capacidad de respuesta, con infraestructura y programas de atención, así como estrechar la coordinación con actores clave para brindar a las personas migrantes un trato digno.
La movilidad humana trae consigo retos, pero también oportunidades de enriquecimiento cultural y desarrollo. Trabajemos por un Nuevo León que sea un hogar temporal o permanente, donde los derechos no sean privilegios y cada persona obtenga esperanza, encontrando unión en nuestra humanidad compartida.
