En la crisis, sé consciente del peligro,
pero reconoce la oportunidad.
John F. Kennedy
Además de impactar gravemente en la salud de millones de personas a nivel mundial, la pandemia de COVID-19 ha desencadenado una de las crisis económicas más graves de la que se tenga memoria y que los analistas equiparan con la Gran Depresión.
La pandemia ha traído como consecuencia impactos negativos en la actividad económica, el empleo, los precios de las principales materias primas y el comercio internacional. Ante esta situación, los países se han apoyado en medidas fiscales y monetarias como transferencias focalizadas, subsidios a salarios, prórroga de pagos de impuestos, reducción de tasas de interés e intercambio de reservas swap, entre otras, para responder con presteza a la crisis.
Para financiar estas medidas, las economías más avanzadas han adoptado enormes paquetes de estímulos fiscales que en muchos casos superan el 10% de su PIB anual. Los efectos de la pandemia se resentirán con fuerza en las economías emergentes y países menos desarrollados, ya que estos cuentan con menor espacio fiscal y recursos más limitados, que les imposibilita responder con medidas tan extraordinarias como las de naciones más avanzadas.
Tal como señala el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, no es lo mismo adoptar un programa de estímulos con tasas de interés cercanas a cero, como ocurre en la mayor parte de las economías desarrolladas, que en países con tasas más elevadas. En el caso de México, a pesar de la reducción de la tasa de interés a 4.5%, esta es más alta que la de otros países emergentes como Brasil o Sudáfrica cuyas tasas son de 2% y 3.5%, respectivamente. Asimismo, no debe confundirse el tamaño del paquete de estímulos con efectividad, ya que lo importante es asignar de forma útil los recursos y priorizar a los grupos y sectores más vulnerables.
Dado el menor margen fiscal, algunos países en desarrollo han optado por solicitar préstamos a organismos internacionales para poder ejecutar medidas extraordinarias. La movilización de recursos multilaterales contra la pandemia ha sido inigualable. Desde abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se declaró listo para desplegar su capacidad total de préstamo de 1 billón de dólares, y el Banco Mundial anunció que otorgaría hasta 160 mil millones de dólares entre 2020 y 2021. Los bancos regionales han actuado de manera similar.
Sin duda, el financiamiento internacional ha permitido la compra de medicamentos y equipo médico, distribución de alimentos y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, entre otras acciones, que no hubieran sido posibles sin recursos adicionales. No obstante, también podría traer como consecuencia un incremento del déficit global y la deuda pública, que el FMI estima en -13.9% y 101% del PIB mundial para 2020. Un aumento de 10 y casi 20 puntos porcentuales respecto a 2019. En América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) subrayó que, en 2019, el 60% de los países tenía niveles de endeudamiento mayores al 40% del PIB y estima que la deuda pública en la región podría aumentar de 58% a 65% del PIB a finales de este año.
Con el incremento del endeudamiento internacional, analistas han advertido sobre una probable ola de bancarrotas en los mercados emergentes. A la fecha, las únicas medidas para reducir la deuda consisten en la suspensión de pago del servicio de deuda por parte del G20 y el grupo de acreedores oficiales del Club de París, hasta el 31 de diciembre de 2020, para 73 países menos desarrollados o de renta baja miembros de la Asociación Internacional de Fomento; la del FMI a 25 países bajo su Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes; y el anuncio de China de suspensión de pago de intereses de deuda a 77 países.
Sin embargo, todavía no hay medidas que puedan reducir la carga financiera de países de renta media, entre los que se sitúa la mayoría de las naciones latinoamericanas y cuya deuda externa es mayor que la de numerosos países pobres. Igualmente, pese a que se han iniciado negociaciones con acreedores privados para participar en la iniciativa del G20, aún no se ha podido concretar la reducción de la deuda por parte de ese sector.
Además del endeudamiento, la disponibilidad de recursos también acrecienta el riesgo de abrir puertas a la corrupción, particularmente en países que carecen de mecanismos de rendición de cuentas y contrapesos en sus sistemas políticos, así como en donde no haya incentivos para transparentar el uso de los recursos. Por ejemplo, Transparencia Internacional ha señalado que es la primera vez que algunos gobiernos tienen en sus manos tales sumas de dinero y advierte que, de los acuerdos de préstamos de urgencia por la pandemia otorgados por el FMI hasta fines de julio, solo 58% contenía medidas específicas de transparencia o combate a la corrupción.
Desde el inicio de la pandemia, los escándalos sobre presuntos actos de corrupción no se han hecho esperar. Un ejemplo es la compra de ventiladores con sobreprecio en Bolivia con recursos del BID, el cual implicó el arresto en mayo del entonces ministro de Salud de ese país y cuya investigación sigue en curso.
Por lo anterior, resulta fundamental que países donantes y organismos internacionales promuevan el combate a la corrupción en los préstamos que concedan y se procure la transparencia y la rendición de cuentas mediante el fortalecimiento de los marcos anticorrupción existentes. También le corresponderá a la sociedad civil vigilar las compras públicas masivas y las licitaciones que se otorguen, a fin de garantizar que los recursos sean utilizados para los fines que se solicitaron. Afortunadamente, hay plataformas en línea de rastreo de políticas fiscales, préstamos y transparencia de los principales organismos financieros y organizaciones anticorrupción, que pueden servir como herramienta para pugnar por una mayor rendición de cuentas.
Aún resta saber cuánto más perdurará la emergencia sanitaria de COVID-19. No obstante, esta situación extraordinaria representa una oportunidad única para generar un parteaguas en el manejo tradicional de la deuda internacional, y prevenir que los efectos económicos de la pandemia trasciendan la adquisición y aplicación de una vacuna, y así evitar una crisis económica superior a la de 2008 y a la Gran Depresión.
*Miembro del Servicio Exterior Mexicano, internacionalista egresada de Yale y de The London School of Economics.
