El cinismo y la frivolidad que se arrogaron los diputados y senadores de Morena y sus esbirros incondicionales del PT y el Verde al aprobar el desmantelamiento del INE con el llamado al Plan B, enviado por López Obrador, primero a la Cámara de Diputados y luego al Senado de la República, dejó al descubierto el verdadero objetivo del Jefe del Ejecutivo federal: imponer a Morena en la Presidencia de México cuando menos hasta el año 2030.
Lo más denigrante de esa aprobación con la serie de violaciones inconstitucionales a la ley, es la permanencia per se de los partidos satélites e incondicionales y acomodaticios de Morena como son petistas y verdes. Desarmar con artimañas jurídicas al Instituto Nacional Electoral con los votos de los legisladores de esas dos instancias políticas para sumar la mayoría simple que requerían los morenos para aprobar la multicitada iniciativa.
Si bien es cierto que las inconsistencias legaloides presentadas en el pleno del Senado por la dirigencia de Morena en esa Cámara llevaron como objetivo dinamitar el INE, restarle poder para que sea manejado por López Obrador en la elección presidencial del 2024, la misma podría ser invalidada en la Suprema Corte de la Nación debido a que es violatoria a los principios esenciales de nuestra Carta Magna.
Lo que no deberá de permitirse es que tanto el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista sigan con un enorme gozo de privilegio, primero, conservar el registro con menos de 3 por ciento del total de los votos que obtenga el ganador de los comicios federales. Así como la obtención de los cientos de millones de pesos que les entrega el INE cada año, como prerrogativas de ley para que subsistan en la mediocridad.
De su lado, los panistas, ante la aprobación en el Senado alistan la presentación de acciones de inconstitucionalidad ante la Corte (SCJN) por la aprobación del llamado Plan B en materia electoral.
Marko Cortés, dirigente nacional de Acción Nacional, expuso: Morena y López Obrador “con su plan V de venganza” han dado un nuevo golpe a la Constitución y al INE, con la evidencia de su ambición por controlar y debilitar a las instituciones. Y ahora tras tantos golpes bajos e ilegalidades, será importante observar el quehacer que con impecable apego a la legalidad tendrán que ejercer los ministros de la Corte, quienes en realidad, si aplican la Constitución y las leyes que de ella emanan, las pretendidas reformas deberán regresar al estado en que estaban, como lo mandata nuestra Carta Magna.
A pesar de que Morena ya cantó victoria de la aprobación en el Congreso de la Unión, aún la iniciativa impositiva y arbitraria de López Obrador todavía no está firme. Y a pesar de lo que esgrimen los diputados y senadores, que la dinamitación del INE ya está en camino, habría de aplicarse esa sabia máxima de que “del plato a la boca…”
Notas de Trascendencia
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podría revocar la diputación local de Quintana Roo que de forma ilegal le fue otorgada a Alfonsa Leticia Padilla Medina, del MÁS, por el Tribunal Electoral de Quintana Roo. No obstante que fueron documentados los ilícitos cometidos por el TQROO acerca de la residencia de Padilla Medina en la entidad quintanarroense para ser elegible a una diputación local, tanto el IEQROO y el TQROO prefirieron atender la recomendación de José Antonio Monroy Mañón que la legalidad.
En la última sesión del TEPJF, el presidente magistrado del mismo, Reyes Rodríguez Mondragón, y la magistrada Janine Otálora Malassis, votaron en contra de la ponencia de su homóloga Mónica Arali Soto Fregoso, que pretendió hacer irrevocable la sentencia en favor de la diputación que ostenta de forma ilegal Alfonsa Leticia Padilla Medina, a pesar de demostrarle con documentos oficiales los hechos violatorios de Padilla y del propio José Antonio Monroy Medina, dirigente del MÁS en Quintana Roo.
Marco Antonio García Granados
