El decreto emitido por el presidente López Obrador para considerar que todas las obras públicas que ejecute sean consideradas “asuntos de seguridad nacional”, es violatorio a nuestra Constitución porque en el mismo se aplica una política de opacidad que va en contra de la transparencia legal.
A partir de que el martes pasado el Jefe del Ejecutivo federal emitió dicho decreto que causó mayor malestar entre los inversionistas nacionales, ya que con esa acción ilegal se les deja fuera de cualquier concurso público o posibilidad de permanecer como proveedores, la realidad apunta hacia la presentación de muchas controversias constitucionales.
Y es que con el pretexto de la “seguridad nacional”, tan mencionada por López Obrador para blindar a su arbitrio todos los proyectos de infraestructura de comunicaciones y de la índole que se le ocurra y que lleva a cabo desde el inicio de su administración, causa ya malestar en los diversos sectores de la sociedad.
A ese respecto, ya iniciaron en el propio Congreso de la Unión los rechazos al decreto presidencial el cual incluye todos los proyectos de infraestructura, porque así lo reza el mismo, que incluso contempla hasta la construcción de pequeñas carreteras.
Estudiosos del Derecho refirieron que cualquier conocedor de lo que es la soberanía, argumente si una carretera que conecta una comunidad con otra, puede considerarse un asunto de seguridad nacional.
Ya entrado en datos y vehementes reacciones, juristas y expertos aseveraron que la actitud adoptada por el mandatario pretende pasar por encima de lo que establece el marco legal vigente, el cual podría ser objeto de demandas de amparo por parte de los propios particulares.
Por supuesto, también de controversias o acciones de inconstitucionalidad que deberán presentarse en tiempo y forma ante la Suprema Corte de Justicia de parte de organismos o de otros poderes.
El acuerdo de López Obrador es una política de opacidad para persistir en favorecer la corrupción practicada por el propio gobierno federal y que el mismo AMLO escudriña todos los amaneceres para echárselos en la cara a sus antagonistas.
En sintonía con la serie de denuncias y declaraciones que ejercen legisladores, empresarios, ciudadanos, la realidad, coinciden los quejosos, lo que oculta son todas aquellas implicaciones que tienen los futuros proyectos que el gobierno quiere arrogarse sin el respeto para ninguna ley.
En el Decreto Presidencial se enumeran todos los objetivos como los que atentan contra el medio ambiente, los derechos humanos, la eficiencia gubernamental, la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y hasta los que están en contra del patrimonio de los mexicanos.
Ayer por la tarde un grupo de senadores del PAN hicieron un llamado “a todas las instancias” para presentar una acción de inconstitucionalidad, y así detener el decreto que emitió López Obrador en el que califica a los megaproyectos y obras de este gobierno como asuntos de seguridad nacional.
Los legisladores blanquiazules indicaron que nadie que en realidad quiera a México, puede estar conforme con lo que se plantea en el llamado “decretazo”, que no solo circunscribe al ámbito del gobierno, afecta a toda la población, y además de que generará mucha más opacidad de la que ya existe en nuestro país.
Dicen que el Decreto será echado por tierra por las inconsistencias legales. Empero, cuál será la reacción de López Obrador al sentir que su propuesta fue rechazada por sus más reaccionarios adversarios? Serán de gran espera y hervidero político las próximas semanas.
Notas de Trascendencia
A pesar de que estados vecinos a Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco y Guanajuato se bañan todos los días de sangre producto del crimen organizado, en la entidad hidrocálida bajaron los índices delictivos y los homicidios dolosos en la administración de la otrora presidenta municipal, Tere Jiménez.
Y es que la hoy diputada federal tiene en su haber un trabajo trascendente hecho a base de esfuerzos y de coordinación con todos los sectores de la sociedad.
Esos números serán vitales a la hora de que se les presenten a los aguascalentenses por quienes pretenderán ser nominados a la candidatura para el gobierno de aquel estado.
Sin duda la contención de los homicidios dolosos y la constante inversión privada favorecerán a Tere Jiménez, quien por cierto -ahí están otros números- es de las legisladoras con más participación en el pleno del Congreso de la Unión.
Marco Antonio García Granados
