hace casi seis años, ciudadanas, ciudadanos, activistas y organizaciones de la sociedad civil comenzaron a trazar el camino para que en el país todas y todos podamos contar con ciudades pensadas en todas las personas, urbes seguras, accesibles y más justas para las mexicanas y mexicanos.
Ayer 9 de diciembre lograron un gran avance en dicho camino, pues después de años de trabajo de la mano con autoridades de diversos niveles, se logró (por fin) la aprobación del Dictamen de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en lo general y particular, por parte de las comisiones de Zonas Metropolitanas y Movilidad, y la de Estudios Legislativos, segunda.
Lo anterior representa sin duda un pequeño gran paso pues, aunque ahora el tema pasa al Pleno del Senado y, posterior a ello, a la Cámara de Diputados para que determinen el rumbo de la ley, tras todos los esfuerzos vertidos para llegar hasta este punto, las y los responsables de que haya sucedido han logrado que el tema trascienda en las cámaras altas y, muy posiblemente que permee a todas las entidades federativas en caso de ser aprobada.
Y sí hay mucho que celebrar porque, en primer lugar, estamos hablando de una ley creada e impulsada por ciudadanas y ciudadanos preocupados y ocupados en la materia, que no han quitado el dedo del renglón para lograr que México también se preocupe y ocupe por evitar y reducir las más de 16 mil muertes que se registran al año a causa de la inseguridad vial que reina a lo largo y ancho del país.
Segundo, porque al aprobarse el dictamen estamos más cerca de poder contar con una Ley que coadyuve en la reducción de la velocidad de nuestras calles, en la prevención efectiva de que las personas conduzcan alcoholizadas, en la regulación adecuada del uso de sillas de retención infantil, en hacer obligatorio el casco para motociclistas, en la homologación de los registros de conductores y la regulación en el otorgamiento de licencias a nivel nacional.
También con dicha ley aprobada se podría conseguir un avance en lograr que se reconozcan y garanticen los derechos que protejan a las víctimas de siniestros viales, en el impulso de políticas públicas y estrategias más puntuales para que el uso del cinturón de seguridad sea obligatorio en todas las ciudades mexicanas, y que el presupuesto se destine para infraestructura que dignifique a las y los peatones y a los usuarios más vulnerados del espacio público.
Otros dos puntos importantes que la ley persigue es la responsabilidad en el enfoque de sistemas seguros, con la cual se establecería la corresponsabilidad entre todas las partes que tienen injerencia en materia de seguridad vial (usuarios de la vía, las y los responsables del diseño, construcción, gestión y operación de la infraestructura, los fabricantes o importadores de vehículos, equipos, materiales y dispositivos y las y los responsables de la aplicación de las normativas de tránsito).
Y el otro, corresponde a la gestión de dispositivos de seguridad en los vehículos que se vendan y transiten en el país, a fin de reducir las tasas anuales de accidentes viales y, con ello, la de los fallecimientos por dicha causa.
En ese sentido, no solo nos queda alegrarnos por todo lo anterior, sino ayudar en el tema exigiéndoles a nuestros senadoras, senadores y diputadas y diputados que aprueben la ley y continúen trabajando en la materia para lograr que todas las ciudades mexicanas se rediseñen para todas las personas sin distinción.
