“Se van a regularizar porque se usan a veces para cometer ilícitos y no hay un registro. Los vamos a regularizar todos, se va a dar permiso, se les va a reconocer la posesión”, fue la noticia que dio a conocer hace unos días el Presidente de México, quien anunció la intención de regularizar los automóviles denominados “chocolate” en el país.
El pasado 13 de octubre, López Obrador adelantó durante su conferencia matutina que el fin de semana firmará un acuerdo para regularizar estos automóviles (los cuales por cierto, son traídos a México de manera ilegal) con el objetivo de que sus dueños tengan un certificado que legalice su posesión a un costo “no excesivo”, para generar ingresos que beneficien los programas de bacheo de los gobiernos locales.
Dicho programa de regularización está pensado para arrancar en los estados fronterizos de Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pero, de acuerdo a la información dada por el Presidente, el Gobierno analizará después los mecanismos para regularizar los autos en el resto de los Estados.
Sin embargo el anuncio ya comenzó a generar la incomodidad de ciertos sectores, principalmente el automotriz, quienes aseguran que dicha acción será un “premio a las mafias” agregando que “será un golpe al comercio automotor formal que genera empleo e impuestos, el cual aún enfrenta las repercusiones por la pandemia del COVID-19 y la crisis de los semiconductores”, según explicó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
Quienes abogaron también a evitar la legalización, pues con ello no solo se afectaría a dicho sector, sino que se habla de impulsar el delito de la introducción de vehículos ilegales al país, así como de la violación al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y al acuerdo comercial con Europa (ya que el Convenio de París es muy específico en materia de piratería y mercancía ilegal).
Pero mi intención de poner este tema sobre la mesa va mucho más allá de presentarles las preocupaciones del sector automotriz al respecto, pues el tema vuelve a demostrarnos cuáles son las preocupaciones y prioridades de nuestras autoridades.
Me parece sumamente lamentable (y preocupante) que los esfuerzos y recursos institucionales se sigan yendo para seguir beneficiando a una minoría de la que ya les he hablado: las y los automovilistas, pero es mucho peor el saber que ahora se busque beneficiar a quienes fomentan actos ilícitos, pues intentar legalizar este tipo de autos no se trata de otra cosa que de legalizar lo ilegal (¿a quién creen que realmente beneficie esto?).
En lugar de impulsar mejoras al transporte público, a la infraestructura ciclista o peatonal, el Presidente de México prefiere seguir premiando a los automovilistas y promover el uso del vehículo privado, olvidando que esto nos conduce al camino del caos (de la contaminación, la violencia e inseguridad vial, las muertes por accidentes viales, etc., etc.).
Firmar ese acuerdo solo nos hará ir de “mal a peor”, que no nos quede ninguna duda.
