Hace unos días se me ocurrió realizar un video en ‘TikTok’ para visibilizar que, gracias a la existencia de la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ahora las y los ciudadanos podemos ampararnos para que nuestras autoridades encaminen los esfuerzos y recursos públicos en la construcción y mejora de infraestructura sostenible en nuestras ciudades mexicanas.
Tras la publicación de ese video en mis redes sociales, en el cual cabe mencionar hacía alusión a una llamada “con mi abogado” para proceder legalmente a fin de impulsar la creación de más y mejor infraestructura urbana, me llevé la grata sorpresa de que un grupo de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con su comunidad ya aplicaron la Ley, interponiendo un amparo para responsabilizar a las autoridades de su Municipio y obligarlos a cumplir con lo que dicta la Ley en cuestión.
Para ponerlos en contexto, el pasado miércoles 18 de enero, tres colectivos:
‘Planeta B’, ‘URBE León’ y ‘Red de Ciclistas Urbanos Independientes’, interpusieron una demanda de amparo contra el Ayuntamiento de León, Guanajuato por “violar el derecho a una movilidad limpia y segura”, contraviniendo lo que dicta la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en el artículo 6, el cual indica que la jerarquía de la movilidad debe “favorecer en todo momento a la persona, los grupos en situación de vulnerabilidad y sus necesidades, garantizando la prioridad en el uso y disposición de las vías”, de acuerdo con la Pirámide de la Jerarquía de la Movilidad.
Para quienes no conocen tal concepto, la Pirámide de la Jerarquía de la Movilidad la cual está a la inversa, empezando por la base, indica la prioridad de las y los usuarios de la vía, según la vulnerabilidad de estos, comenzando por las y los peatones, seguidos por las y los ciclistas, usuarios del transporte público, transporte de carga, y por último, el automóvil privado (también está ordenada según el medio menos contaminante, al más).
Sin embargo, tal y como indican las y los activistas que interpusieron la demanda, el presupuesto público de León, está ejercido injusta e inequitativamente, pues a pesar de que la mayoría de ‘leoneses’ y ‘leonesas’ se desplaza en transporte público, bicicleta y a pie, los recursos se aplican para promover la movilidad motorizada, beneficiando a unos cuantos las y los automovilistas son minoría-.
En parte, lo antes mencionado ha sido una de las principales causas por las que León y la mayoría de nuestras urbes mexicanas hoy por hoy presenten graves problemas sociales, medioambientales y hasta económicos, los cuales afectan principalmente a las y los usuarios más vulnerados de la vía (peatones/as, ciclistas y usuarios/as del transporte público).
Es por ello que la exigencia de las agrupaciones del caso exigen al Municipio de León en dicha demanda que rectifique el presupuesto y priorice la movilidad sustentable, apegados a la Ley.
Honestamente esto además de aplaudirse, es de admirarse y hasta replicarse, por eso aprovecho este medio no solo para felicitarles y reiterarles mi apoyo en difundir lo que sea necesario para que ganen ese amparo, sino también para invitarles a todos aquellos que leerán este texto a replicar esta acción las veces que sean necesarias.
Las calles son para las personas y si no: “con nuestro abogado”...
