Con la llegada a la presidencia de López Obrador en 2018, la lucha por la prohibición del fracking en México encontró eco al retomarse este objetivo dentro de los compromisos presidenciales para el sexenio. El fracking o fractura hidráulica es una técnica no convencional de extracción de hidrocarburos que rompe formaciones geológicas subterráneas mediante la inyección a alta presión de agua (entre 9 y 29 millones de litros de agua por pozo), mezclada con arena y más de 750 sustancias químicas tóxicas. Esta práctica conlleva graves riesgos ambientales irreversibles como la contaminación del agua, la liberación de metano y compuestos orgánicos volátiles (como el benceno, tolueno, etilbenceno, xilenos, entre otros) y la inducción de sismos antropogénicos en áreas donde la actividad sísmica es inusual, presentando una amenaza significativa para las comunidades y ecosistemas circundantes.
Sin embargo, a casi cinco años del compromiso hecho por este gobierno, los resultados en esta materia aún resultan ambiguos y poco ambiciosos, sobre todo por la ausencia de una prohibición legal de por medio, que puede darse mediante un decreto o una reforma legal, pero esto no se ha dado pese a que Morena tuvo una correlación de fuerzas favorable en ambas cámaras del Congreso. Incluso se presentaron ocho iniciativas para la prohibición legal del fracking en México entre septiembre de 2018 y marzo de 2020, provenientes de MC, Morena, PAN, PRD y PT, y ninguna fue siquiera dictaminada.
A pesar de la ausencia de una prohibición, el compromiso presidencial se tradujo en el alto a la fracturación de pozos en yacimientos no convencionales desde 2019 hasta lo que va de 2023 (estos yacimientos, por sus características geológicas ,requieren el uso forzoso de la fractura hidráulica en gran magnitud). Aunque con la excepción de los pozos Pankiwi 1, Maxóchitl 1, y Kaneni 1, pozos no convencionales perforados y fracturados por Pemex entre enero y marzo de 2019, mismos que, en descargo del Presidente, puede pensarse que personal de Pemex madrugó al gobierno actual en aquellas fechas y continuó con sus actividades planeadas sin darse por enterados de la voluntad del recién llegado Ejecutivo federal. También fue por decisión de este gobierno que se suspendió la licitación de nuevas rondas de áreas o bloques para la exploración y extracción de hidrocarburos, muchas de las cuales contenían regiones con hidrocarburos no convencionales. Nada de esto son casualidades, ha sido la voluntad del Ejecutivo la que se impuso para obtener estos resultados.
Sin embargo, la mera voluntad presidencial no ha bastado para que el número de pozos convencionales fracturados vaya en aumento (normalmente se utiliza la fractura hidráulica en estos casos para presurizar al yacimiento y así aumentar la producción del pozo cuando ésta decae). Más de mil cien pozos convencionales fueron fracturados por primera vez durante este sexenio, por lo que se acumulan ya más de 9 mil pozos convencionales fracturados por Pemex en México en las últimas dos décadas, ¡con más de 40 mil fracturas hidráulicas entre estos 9 mil pozos! Tampoco ha bastado la voluntad presidencial para que los comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) continúen, sesión tras sesión, aprobando planes de trabajo de Pemex y otras empresas, que explícitamente incluyen el uso de la fracturación hidráulica en yacimientos no convencionales. Los comisionados argumentan que, sin prohibición legal, ellos solo cumplen con su trabajo. Como tampoco bastó la voluntad presidencial para que, durante este sexenio, la Secretaría de Energía (Sener) no solo le mantuviera vigentes a Pemex la totalidad de sus asignaciones de áreas no convencionales, sino que incluso le asignara nuevas.
La voluntad presidencial llegará a su fin el próximo año y, sin prohibición legal que trascienda al sexenio, Pemex acumula más y más planes de trabajo autorizados, así como partidas presupuestales anuales autorizadas, específicamente para la exploración y operación en yacimientos no convencionales que acumulan más de 30 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación solo en este sexenio. Tal parece que Pemex, armado con presupuesto, planes de trabajo autorizados, e inclusive nuevas asignaciones de no convencionales, solo espera a que cambien los vientos de Palacio Nacional para salir a perforar y fracturar nuevos pozos no convencionales.
Considerando que la política energética de este gobierno ha sido enfática en su objetivo de aumentar la producción y refinación petrolera, queda claro que el interés de quienes en este gobierno buscan la prohibición del fracking no nace de la política energética, sino de un interés legítimo por la salud de las poblaciones y la contaminación del agua. En este sentido, cabe resaltar que bajo el encargo de la secretaria María Luisa Albores, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc) han trabajado de manera estrecha con redes de comunidades y organizaciones de la sociedad civil que buscan la prohibición de esta técnica: las necesidades están identificadas, las irreversibles afectaciones de esta técnica también, pero la voluntad presidencial no alcanza para prohibir de forma efectiva el fracking si ésta no se materializa mediante actos de autoridad que trasciendan al sexenio.
Que el Presidente diga en su quinto Informe de Gobierno que no ha permitido la explotación energética mediante el fracking será meramente anecdótico al terminar su sexenio si no logra una prohibición o moratoria, por principio precautorio, que garantice que el agua es para la vida, no para el fracking. Por el bien de todos, prohíban ya el fracking.
