Yo estoy en la convicción de que lamentablemente pasó, justamente, lo que la investigación arrojó”. Fue la afirmación del ex presidente Peña Nieto sobre la desaparición de los estudiantes al concluir su sexenio.
“No encontramos una línea diferente a la que se está estudiando por parte de la PGR”. Son palabras del entonces titular de Segob y actual senador Osorio Chong cuando informó que el GIEI no continuaría coadyuvando, por allá de marzo de 2016.
En las últimas semanas, las noticias sobre el caso de los 43 normalistas nos han obligado a desempolvar los informes del GIEI, solo para confirmar que prácticamente las novedades de hoy son las conclusiones y recomendaciones que los expertos (y otras instituciones como la ONU) dieron en su momento al Estado y que fueron completamente ignoradas.
Los defensores de “la verdad histórica” se niegan a reconocer que la verdad aquella no alcanzaba para mucho, que los responsables seguían sin identificarse y que la impunidad que estuvo bien resguardada por esa versión debía resquebrajarse. Están descolocados y suenan más anacrónicos que el propio ex presidente y su secretario de Gobernación.
El lunes pasado se dio a conocer en medios un video en el que aparece Tomás Zerón coordinando un interrogatorio ilegal a uno de los detenidos por los hechos. Hay que referirnos a las cosas por su nombre: se trata de un acto de tortura. Incluso en el video el detenido responde a Zerón, nervioso, que tiene lastimadas las rodillas porque sus chavos (de Zerón) lo aventaron. Estremece la voz que lo amenaza de muerte y la orden de que pongan al detenido a disposición. Un acto que, por donde le queramos ver, empaña la investigación.
El detenido forma parte de las 34 personas que la ONU concluyó fueron sujetos de tortura y otras irregularidades. Cuando vemos imágenes como ésta, podemos entender por qué hay tantas personas libres que presuntamente participaron en la desaparición, aunque haya quien quiera culpar al Poder Judicial.
Casi en paralelo, Proceso publica una nota en la que da a conocer que algunos elementos del 27 Batallón de infantería (Sedena) pudieron tener un papel relevante en la desaparición de los estudiantes, a partir de la declaración de un testigo. Esto confirmaría igualmente lo que el GIEI advirtió respecto a que en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 participaron autoridades municipales, estatales y federales. La fuente era el propio expediente de la procuraduría, es decir, no lo estaban inventando; pero la PGR decidió voltear para otro lado.
Los informes del GIEI continúan vigentes. Más allá de estar en un nuevo escenario de investigación, parece que, ahora sí, las autoridades han decidido hacer todo lo que en años anteriores se omitió y que instituciones internacionales han denunciado. Si resisten y sobreviven a la presión, esto podría ser el parteaguas determinante de la investigación. Tienen la oportunidad de no dejar cabos sueltos para incluso demostrar si es que hubo encubrimiento y protección para quienes participaron en los hechos y quienes los “investigaron”.
Las filtraciones de materiales que son relevantes para las acciones legales no solo abonan al riesgo del proceso, sino que ponen en peligro a quienes trabajan por encontrar la verdad, sin adjetivos.
@maiteazuela
