Como es sabido por la población mexicana, una de las principales banderas del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde candidato, es el problema de la corrupción. No solo acabar con este fenómeno que tanto daño le ha hecho al país, sino luchar contra quienes la generan y con ello fortalecen la impunidad.
A un año de gobierno de López Obrador se puede analizar ese compromiso a partir de dos ejes: primero, el discurso político del Ejecutivo ha sido casi obsesivo en dar mensajes acerca de la intolerancia a los actos de corrupción que se deben tener desde el gobierno federal; segundo, efectivamente hemos podido testificar que los casos de corrupción del sexenio pasado —que conocimos en buena medida gracias al periodismo de investigación— han comenzado a ser investigados de forma seria por instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP. Aunado a ello, el Presidente ha asegurado que el resultado de esa lucha e intolerancia contra la corrupción es que ésta, al menos en este sexenio, ya no tiene cabida.
Ante la realidad resulta obligatorio preguntarnos: ¿de verdad la corrupción ya no existe en la esfera pública? ¿A quiénes ha tocado la lucha contra la corrupción? ¿Qué papel juega el perdón presidencial para volver inimputables a ciertos personajes señalados de corrupción? ¿Qué instituciones y con qué garantías combaten la corrupción sin criterios parciales?
El combate jurídico emprendido desde la llamada cuarta transformación, contra quienes formaban parte del sexenio pasado, contrastan drásticamente contra los señalados que forman parte del actual gobierno. Un ejemplo de ello es Rosario Robles y Manuel Barlett. Mientras la primera se encuentra en prisión preventiva, porque a consideración del juez Delgadillo Padierna hay un alto grado de probabilidad que se sustraiga de la acción de la justicia, a Manuel Bartlett prácticamente no lo han tocado; la Secretaría de la Función Pública ha sido ambigua en su explicación acerca de la investigación del patrimonio del director de la Comisión Federal de Electricidad.
En contraste, lanzaron una política transformadora que cuando menos hasta la fecha parece no hacer diferenciación entre los “de ellos” y “sus adversarios”: la no condonación de impuestos. De aplicarse siendo estrictos para no replicar ningún tipo de privilegio, sería esta una buena señal de que para ellos la corrupción no se mide con varas disímiles.
La cantidad de votos avasalladora que obtuvo López Obrador hace un año para convertirse en presidente, efectivamente se debió a un hartazgo de la población, en gran medida alimentado por la rampante corrupción de sus antecesores. Sin embargo, el bono de credibilidad con el que llegaron no se puede menguar con una simple narrativa política donde los de antes eran los malos y mientras los que forman parte de la actual administración o los actos de ésta no pueden ser perseguidos por el hecho de que han llegado hasta allí con suficiente respaldo.
Combatir la corrupción privilegiando a los corruptos que apoyan al nuevo proyecto, implica corromperse. ¿Serán solo un intento de transformación de régimen que arropa con impunidad a los que le son incondicionales o demostrarán que son diferentes?
@maiteazuela
