Daniel Ortega será por quinta ocasión —y cuarta consecutiva— presidente de Nicaragua. El domingo ganó las elecciones, un resultado conocido por todos porque desde meses antes encarceló a todos los candidatos opositores reales. Tras haber tomado todos los poderes del Estado, eliminar cualquier rastro de oposición política y a casi toda la prensa libre, lo que hay en Nicaragua hoy es una dictadura. Y, al parecer, es un camino que otros mandatarios están viendo que pueden recorrer.
Tras la farsa de votaciones, la Unión Europea, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia y otros países, además de organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, las desconocieron. Ortega contestó llamándolos “colonialistas” y “fascistas”. Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Bolivia y otros pocos lo felicitaron. México se escudó en la “tradición diplomática” para decir nada y Argentina fue muy cauta.
En la asamblea general de la Organización de Estados Americanos los comicios acaparan las discusiones y el secretario general, Luis Almagro, dijo que fueron “ilegítimos”. Estados Unidos anunció que ampliará las sanciones al país mediante la Ley Renacer, que acaba de aprobar el Congreso. Pero al final, como ya ha sucedido antes tras los excesos autoritarios de Ortega, probablemente no pase mucho más allá del desconocimiento y las amenazas.
El país vive una crisis sociopolítica desde 2018, cuando protestas masivas fueron reprimidas por policías y paramilitares y hubo más de 300 muertos. El periodista nicaragüense Wilfredo Miranda dijo en Post Opinión: “Nicaragua se encamina a una profundización de la crisis. El futuro no es promisorio. Viene más represión política, migración forzada y una economía en declive”.
El problema es que, al no contener a estos dictadores, otros presidentes pueden ver un paso franco para un Estado unipersonal y autoritario. Cuatro días después del “triunfo” de Ortega la Asamblea Legislativa salvadoreña, dominada por el partido del presidente Nayib Bukele, aprobó una ley muy similar a la que le permitió a Ortega encarcelar a sus opositores y acabar con las organizaciones civiles y empresas periodísticas.
Los legisladores aprobaron un repudio a las elecciones nicaragüenses, pero también una Ley de Agentes Extranjeros que busca, como la que se aprobó en Nicaragua en 2020, “garantizar la seguridad, la soberanía nacional y la estabilidad social y política del país”. Mediante esa abstracción, se puede encarcelar a quien se quiera. Esto ya lo hemos visto también en Venezuela y Cuba.
Es cierto que hay una gran diferencia, en este momento, entre ambos regímenes. Bukele es uno de los presidentes con mayor aprobación del mundo mientras que Ortega, de haber realizado unas elecciones justas, habría perdido contra cualquiera de los siete aspirantes presidenciales presos, según la encuesta CID-Gallup.
Pero Bukele ya controla el Poder Legislativo tras las últimas elecciones —aunque antes envió a las Fuerzas Armadas a tomar el Parlamento— y ya forzó apoderarse del Judicial. Ha atacado a la prensa y utilizado la justicia contra sus opositores. Esta nueva ley era un paso que sorprende poco.
Más le vale a la región tomar muy en serio el fraude de Ortega, más allá de desconocimientos y declaraciones, antes de que otros presidentes autoritarios le sigan los pasos. Las próximas elecciones presidenciales en Honduras serán una buena prueba.
Mael Vallejo
@maelvallejo
