El pasado 30 de agosto se rememora el Día Internacional de las Víctimas de desapariciones forzadas, una aberrante práctica que han realizado algunos gobiernos como Colombia, Perú, México y otros de la Región.
En México, la desaparición forzada de personas comenzó a considerarse como forma de represión política a partir de los acontecimientos ocurridos en 1968 y a lo largo de la denominada “guerra sucia”.
En ese tiempo desaparecer era parte de un conjunto de medidas de represión encaminadas a disolver los movimientos de oposición que resistían al poder.
En la última década las cifras de violencia demuestran un claro aumento de homicidios, secuestros y desapariciones, aunado a una constante y sistemática violación a los derechos humanos.
Uno de los mayores crímenes por parte del estado, es sin duda la desaparición forzada de personas, la cual ha sido jurídicamente sancionada por la legislación penal internacional, en el contexto de los crímenes de lesa humanidad.
Este fenómeno ha alcanzado a más de 26 mil personas desparecidas en los últimos siete años y más de 10 mil migrantes desaparecidos tan sólo en México.1
A raíz de este escenario criminológico se unieron; víctimas, organizaciones de la sociedad civil, autoridades estatales y organizaciones internacionales en un proceso participativo en la búsqueda, e investigación efectivas, prontas y exhaustivas de sus familiares, provocando iniciativas como la adopción en México del Protocolo Homologado de Búsqueda, en 2020; y el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, en 2021; como instrumentos normativos que establecen mecanismos, procedimientos y métodos diferenciados para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y de la infancia desaparecida respectivamente; así como la construcción participativa del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense como parte de la política en materia de identificación humana y la creación de centros descentralizados para la identificación forense como el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila. 2
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) y el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (GTDFI) han llamado a los Estados de la región a adoptar las medidas necesarias para la construcción e implementación de una política integral en materia de desaparición forzada que incluya la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación de su desaparición dentro de sus prioridades.
La Ibero Torreón se solidariza con las víctimas y con los colectivos para poner sobre la mesa esta aberrante problemática; para pronunciar y acompañar a los familiares, un fenómeno que duele, lastima, invoca y convoca a seguir trabajando para hacer visible este fenómeno atroz.
1 Genealogía e Historia No resuelta de la desaparición forzada en México, en https://www.redalyc.org/jatsRepo/509/50945652005/html/index.html
2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Comunicado de Prensa 224/21
