¿Cómo ligan nuestros Magistrados del Poder Judicial Local desde el pensamiento ético su comportamiento moral? O, de manera particular, ¿cómo lo hace Manuel Gil, su oficial mayor?
Las preguntas son pertinentes porque la semana pasada hubo una acalorada discusión en el seno del Tribunal: Miguel Mery, presidente Magistrado, informó al Pleno que desde septiembre había enviado el proyecto de presupuesto para que el Gobernador lo presentara al Congreso del estado.
Empero, el Magistrado Luis Efrén Ríos Vega le hizo una “casual” observación apegada a los artículos 11 y 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “le recuerdo presidente magistrado que el proyecto de presupuesto debía ser aprobado por el pleno ANTES de ser enviado al Poder Ejecutivo”.
Sin argumentos de peso en contra de Ríos Vega, excepto forzar su pleitesía ciega al presidente Mery, se armó el carnaval mozambiqueño (de un nivel superior a la irracionalidad del brasileño o jamaiquino) por parte de tres magistrados, en particular:
Gabriel Aguillón, Juan José Arreola y María Luisa Valencia; los cuales, fuera de sí -a gritos y sombrerazos- pretendían obligar la genuflexión de Luis Efrén ante el presidente magistrado.
Mientras esta batahola ocurría, el Oficial Mayor, Manuel Gil, responsable de aleccionar a los magistrados sobre la legalidad apegada a la Ley Orgánica se ocultaba -como es su inveterada costumbre- entre las sombras del inframundo, para golpear a Ríos Vega en las columnas políticas a sueldo, para acusarlo de conflictivo.
Las preguntas son dos: ¿nos merecemos este tipo de Poder Judicial, despreocupado por la ilegalidad de sus acciones y desesperado por arrimarse a la sombra tradicional del árbol que prodiga inmoralidad y falta de ética?
¿O debemos exigir un poder judicial con estándares éticos y morales transparentes e incuestionables, acorde a las mejores prácticas nacionales e internacionales?
