Los recientes cambios en el Poder Judicial abrazados por la quimera trasnochada de tomar de la mano al pueblo para edificar el 2º piso de la 4T, han puesto en grave riesgo el ejercicio de nuestros Derechos Humanos (DDHH) e, irónicamente, los de ese "pueblo", también.
Para abrir boca, la independencia judicial de los poderes Ejecutivo y Legislativo ya era débil en un país que ocupó en 2024, el lugar 115 de 142 países de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2024 (World Justice Project: 2024).
Ante tal ausencia de independencia Judicial apuntalada por la reforma reciente: ¿cómo impedir la politización partidista en la aplicación parcial de nuestros DDHH?
Peor aún, “el 68% de los jueces electos no tienen preparación en estándares internacionales de DDHH” (WOLA: 08-24-2024).
Y sus limitaciones “violan el artículo 8 de la Convención Americana de DDHH también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica” (Amicus Curiae: Stanford Law School 2025) que establece 5 garantías para cualquier persona:
Presunción de inocencia (Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario), derecho a defensa (Ser asistido por un abogado, conocer los cargos, presentar pruebas y refutar las del acusador), publicidad del proceso (Hacerlo público), plazo razonable (No prolongar el juicio de manera injustificable) y juez imparcial y competente (No sujeto a presiones políticas o económicas externas).
¿Quiénes serán las víctimas de ese 68% de jueces popularmente electos y subordinados al poder Ejecutivo cuando juzguen nuestros DDHH?
Los integrantes de los pueblos indígenas, los cuales ya sufren de un acceso limitado a la justicia, sentencias menos favorables en derechos territoriales, por ejemplo, y una marcada ausencia de intérpretes y jueces con formación intercultural.
Las mujeres y las víctimas de violencia de género que, con estos jueces electos, carentes de una perspectiva de género en su mayoría, tenderán a generar sentencias que minimicen la violencia doméstica o sexual. (Continuará).
