El editorial que publiqué ayer sobre los retos de la reapertura del Poder Judicial en Coahuila en tiempos de Covid-19, provocó inquietudes que resumo así: “el presidente Magistrado Miguel Mery quiere utilizar herramientas tecnológicas para facilitar el acceso a la justicia, pero tiene serias resistencias al interior del Poder Judicial”.
¿Cuáles son esas 9 resistencias internas de algunos Magistrados y Jueces del Poder Judicial para instituir una impartición de justicia -que con virus o sin el- ahorre tiempo, papel y dinero y tenga disponibilidad las 24 horas del día y los 365 días del año?
1. Refuerzan cada día -de manera pasiva y/o activa- las inercias estructurales enraizadas en el Poder Judicial: burocratización, legalismo, opacidad, rezago y difícil acceso a la justicia.
2. Reciclan -la falacia- que la informática jurídica sustituirá al factor humano.
3. Rebaten el uso de tecnologías digitales para tener juicios en línea, o desahogar pruebas y juicios a distancia, sin argumentos de fondo.
4. Rechazan parámetros claros, precisos y públicos en el tratamiento de un caso concreto en comparación con otros similares.
5. Rehusan hacer público su nivel de productividad.
6. Refutan parámetros y criterios de evaluación y atención en el servicio de la administración de justicia con plazos legales definidos para resolver asuntos prioritarios.
7. Rehuyen la organización de su trabajo y la productividad del sistema de impartición de justicia.
8. Resisten un aprendizaje continuo en lo digital y lo jurídico que los saque de su zona de confort para ubicarlos en el Siglo XXI.
9. Repelen una impartición de justicia exigente; con criterios puntuales de democratización, transparencia, rendición de cuentas y cercanía al ciudadano común.
Mientras estas resistencias crecen por parte de esos Magistrados y Jueces, la labor de Mery se dificulta y la presión de cientos de ciudadanos -urgidos de una impartición de justicia alternativa- lo asfixia.
¿Se doblegará Mery o trascenderá esas resistencias? Veremos y diremos.
