Hace algunos días, revisaba una respuesta legal elaborada por abogados de un cliente.
Repasaba aspectos básicos del español, no de técnica jurídica: ortografía, puntuación, sintaxis, estructura interna y general del texto.
En esa revisión encontré un idioma alejado del español, mejor conocido como “abogañol”: sin “oraciones cortas con una sola idea y párrafos breves que refieran a un solo tema”. O “voz activa y estructuras gramaticales simples”.
Mucho menos, “palabras precisas” pero eso sí, muchos “arcaísmos, (gerundios, barroquismos, latinajos) o remisiones innecesarias”.
¿Cuáles son las implicaciones del uso entre abogados del “abogañol”?
1.- Establece un principio de poder del abogado respecto al ciudadano común. Sólo los abogados pueden comprender la opacidad de su propio “abogañol”; mientras los ciudadanos permanecen ajenos al ejercicio de sus derechos y obligaciones.
En esta relación desigual, florecen abusos abogadiles contra las personas.
2.- Este ejercicio cotidiano de hermetismo profesional, conduce, como señala Juan Villoro a “una forma de abuso político, porque las leyes no se escriben para ser entendidas, sino para que litiguen los abogados y los informes periciales (demandas y sentencias) están lastrados de legalismos que los convierten en material de expertos” no accesibles al ciudadano común.
3.- Impacta de manera directa en la calidad, eficiencia y costo en la impartición de justicia.
Porque es “derecho del ciudadano entender pero también es obligación del Estado hacerse entender”. A mayor margen de interpretación, más litigio, juicios largos, pérdida de tiempo, mayor costo social y económico para el ciudadano y el Estado.
¿Llegará el momento en el cual “la buena práctica de escribir bien, con un lenguaje claro, simple y comprensible” contagie “a las facultades de Derecho, las defensorías, los juzgados, las magistraturas y todos los lugares en los cuales, el ciudadano interactúa con el Estado”?
Ojalá, porque ese pequeño gran detalle elevaría la calidad de nuestra justicia y de nuestra democracia.