La defensa de la dignidad humana es una figura siempre presente en los discursos del activismo. Lo mismo, exigir que las instituciones garantes cumplan con sus propósitos es la aspiración ciudadana. Pero para que la estructura de los gobiernos tenga sus enfoques a la protección y defensa de la dignidad humana requiere un trabajo permanente de organización y comunicación, ambos componentes de la democracia.
En la cultura popular existen muchos mitos sobre los derechos humanos, la mayoría como una crítica hacia la institución que los representa pero que poco esclarecen su aplicación cotidiana. Que defienden delincuentes y que no sirven para nada es lo más sonado.
La divulgación de los derechos humanos se evidencia entonces como una deuda más con la sociedad civil porque su participación tampoco ha sido justa para la construcción de una agenda de trabajo para la gobernanza.
Esto no es trivial, cada vez que una causa de derechos merece ser visibilizada, los grupos oponentes suelen tomar posturas tajantes desde el desconocimiento y la réplica de desinformación.
Sin la socialización del conocimiento, los resultados que se tienen tanto en la cotidianeidad de la defensa como en la construcción de políticas, queda siempre sesgada hacia una cultura que normaliza discriminación y otras formas de violencias. Aún si las minorías alzan la voz, mientras la sociedad entera no sea consciente de las luchas permanecerá inerme ante las injusticias.
La construcción de una nueva constitución en Chile es el ejemplo de esto. Un documento que reflejaba la participación de sectores vulnerados de la sociedad, ha quedado en el rechazo. Seguramente muchos análisis pueden hacerse al respecto, pero ninguno puede separarse de la búsqueda conjunta de la defensa de la dignidad humana para todas las personas.
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