Conocí a Nadia Vera en un encuentro sobre movimientos sociales en la Xalapa de 2012, bajo el gobierno de Javier Duarte. En aquellos días y durante mi estancia en la ciudad también conocí a Rubén Espinosa. Hoy con pesar vuelvo a escribir sobre el caso Narvarte porque sus familias y seres queridos seguimos esperando la resolución del caso y el señalamiento de quienes son responsables de los crímenes en su contra.
Nadia era productora artística y activista por los derechos humanos, Rubén era fotoperiodista; el dolor de su pérdida es permanente, así como la necesidad de encontrar consuelo en la justicia. También faltan Mile Virginia, Yesenia Quiroz y Olivia Negrete y suman nueve años de exigir que la actuación de las autoridades correspondientes brinde resultados.
El caso Narvarte ha servido, lastimosamente, como ejemplo de las cosas que deben mejorarse en el sistema de impartición de justicia. Una recopilación breve de sucesos permite visualizar el panorama, no solo del caso en particular, sino de cómo las víctimas de delitos transitan por los procesos institucionales.
En 2015 la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas condenó el suceso afirmando que su acontecer es una violación a la libertad de expresión y atenta contra el ejercicio del periodismo en el país, así como del activismo. En 2016 denunciaron anomalías en el manejo de las evidencias.En 2017 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una recomendación a la fiscalía y al Tribunal Superior debido a que se violó el derecho a la intimidad y la privacidad de las víctimas.
Múltiples organismos de periodismo, derechos humanos y una unidad de investigación de la Universidad de Toronto han dado seguimiento y documentado los nueve años de investigaciones. Cada aniversario se realiza y hasta se grabó un documental que permitió socializar información relevante entre la población.
Pero los años pasan y el ritmo de la investigación no se equipara al de la movilización por la justicia.
