“Geografía es destino”, es una frase que se usa en México para explicar las decisiones en política migratoria fuertemente determinadas por la intensidad asimétrica que tiene nuestro país con Estados Unidos. No hay duda, por tanto, que gran parte de las normas, programas e incluso las estrategias que los distintos gobiernos mexicanos han asumido frente al flujo migratorio que cruza el país se han decidido a partir de negociaciones bilaterales, pero sobre todo de acciones que la propia autoridad mexicana implementa. Esta dinámica ha generado un tipo de “pragmatismo a la mexicana” en todos y cada uno de los diferentes gobiernos nacionales más allá del sello ideológico del grupo en el poder. No obstante, aun cuando la política migratoria ha sido siempre una negociación compleja y ríspida con Washington, también ha resultado una vía para mantener márgenes de negociación con los diferentes gobiernos estadunidenses.
En el caso del actual gobierno mexicano bajo el liderazgo de López Obrador y la ejecución del canciller Ebrard no ha sido diferente. Así, pese a la promesa inicial de este sexenio de tener una política de brazos abiertos, muy pronto la realidad se impuso y se tuvo que pasar a la estrategia de contención de la migración internacional que, como en ningún otro momento de nuestra historia, ha alcanzado números récord tanto en personas en tránsito migratorio a través del país, lo mismo que personas esperando en distintas ciudades fronterizas para poder cruzar al que consideran su sueño americano. Aunado a esto y como no había ocurrido antes, el número de solicitantes de refugio en México se multiplicó y hoy rebasan ya las cien mil personas quienes esperan regularizar su situación para radicar en México de manera permanente. A este número se sumarán muy pronto los nacionales hondureños, haitianos, nicaragüenses y cubanos que el gobierno estadunidense no acepte recibir y envíe a territorio mexicano, lo cual quedó establecido en el contexto del más reciente acuerdo que ambos países firmaron.
A pesar de la realidad de este escenario migratorio, es importante reconocer que en el actual que incluyó a Trump y sus negociadores, el que México haya logrado mantener la soberanía sobre la dinámica migratoria, entre otras cosas porque nuestros representantes diplomáticos resistieron para evitar que México aceptara firmar la categoría jurídica de Tercer País Seguro, es un punto favorable. De haber cedido a las presiones México no podría poner ya ningún tipo de condición para ser el territorio al que se remitirían todos los extranjeros que Estados Unidos enviaría sin limitación alguna. El hecho de no haber firmado para ser Tercer País Seguro como Turquía lo es para Europa, es sin duda un logro de negociación bilateral que le permite al país mantener la decisión soberana sobre la recepción de personas migrantes al país y, sobre todo, no heredar un compromiso legal de esta magnitud a futuros gobiernos.
Así pues, entendiendo que el gobierno mexicano se mueve en un campo donde la geopolítica es una realidad y no la elude. Aceptando la complejidad de la asimetría, los costos de cada estrategia y los impactos de cada decisión que desde Washington de inmediato tienen una respuesta, lo que no se entiende es por qué el gobierno mexicano ha desplegado políticas y decisiones en el terreno migratorio interno que van más allá de esta estrategia frente a Estados Unidos, y por el contrario, lastiman su relación con gobiernos amigos a los que les ha impuesto visa a sus nacionales, como es el caso de Brasil, cuando dicha nacionalidad es insignificante estadísticamente hablando respecto al gran flujo de quienes caminan nuestro territorio rumbo a Estados Unidos. En realidad los brasileños constituyen un grupo migratorio de gran dinamismo comercial, turístico y afectivo entre ambas naciones que, además, se espera retome vínculos más estrechos con el regreso del presidente Lula al poder. Esta actitud hostil de parte del gobierno mexicano se da también hacia otros nacionales de países latinoamericanos con visa o aun cubriendo requisitos extremos para ingresar a México (Cuba y Colombia son otros ejemplos), a lo que se suman los malos tratos que dicho turismo latinoamericano recibe del personal encargado de lo migratorio en el aeropuerto de Ciudad de México. Se contabilizan ya en miles los casos de personas retenidas de manera arbitraria que son aisladas, desinformadas y sin derecho a contactarse con sus consulados y familiares. Esta política basada en la presunción de que los latinoamericanos como un todo, son presuntamente candidatos a la fila de quienes buscan llegar a Estados Unidos es absurda y reproduce prejuicios con los que hemos cargado los mismos mexicanos durante décadas.
De esta manera, asumiendo el pragmatismo político-diplomático ante la realidad que impone nuestra cercanía con Estados Unidos y reconociendo que el país tiene una política migratoria de contención agresiva, resulta absolutamente inadmisible que la política migratoria interna se aleje de nuestros principios latinoamericanistas y sobre todo, del humanismo que debería acompañar a la recepción de quienes viajan a nuestro país por motivos de turismo, comerciales, académicos o empresariales y acaban, incluso, siendo deportados.
Leticia Calderón Chelius*
*Doctora en Ciencias Sociales por FLACSO-México. Profesora e investigadora del instituto Mora y estudiosa de los derechos políticos en escenarios de migración internacional.
