El presidente Andrés Manuel López Obrador parece haber hecho costumbre eso de consultar asuntos importantes a mano alzada con la gente que asiste a sus mítines en sus giras por las entidades.
De esta forma aprueba y cancela cualquier proyecto que a su juicio mejor convenga al país cobijado en sus redes clientelares. Mal síntoma.
Para muestra basta un botón. Esto fue lo que dijo en su visita a Gómez Palacio, Durango, el pasado domingo:
“Nada más para medirle el agua a los camotes, a ver, respiren profundo y con calma, a ver, a ver a ver, que levanten la mano los que consideren que no hace falta lo del Metrobús... que levanten la mano los que consideren que sí, que es necesario”.
Luego ponderó así las prioridades de la región: “Que levanten la mano los que piensen que lo primero debe de ser el agua, bájenla, ¿los que consideren que primero debe ser terminar el hospital? Se quedó el agua primero. Agua y después el hospital, es mi compromiso”.
¿Por qué debe preocuparnos este proceso de toma de decisión? Una ciudadanía empoderada es aquella que está consciente que ninguna institución o persona está por encima de la ley.
También reconoce la importancia de fomentar una cultura de la legalidad, entendida como “el conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueven que la población crea en el Estado derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad” (Godson, R. 2000. Symposium on the Role of Civil Society in Countering Organized Crime: Global Implications of the Palermo, Sicily Renaissance. Palermo, Italia).
Cuando el presidente hace este tipo de consultas violenta el Estado de derecho al no emplear mecanismos de consulta formales, ir en contra de la autonomía de las entidades y los municipios y trastocar compromisos asumidos con anterioridad.
¡Cuidado! Que las formas del presidente no se hagan costumbre. No hay que confundir cercanía con el ciudadano de a pie, con prácticas antidemocráticas a modo que están a todas luces en contra de la legalidad.
@nonobarreiro
