La Cámara de Diputados discute una reforma a la Ley Aduanera bajo el discurso de modernización y combate al contrabando. Aunque se presenta como una solución técnica, los cambios propuestos revelan una tendencia hacia un mayor control.
La semana anterior iniciaron los debates con la participación de diversos actores que participan en las operaciones de comercio exterior. Es más que importante dar oportunidad al planteamiento de argumentos y enfoques diferentes sobre una ley que impacta de manera relevante las finanzas públicas.
En el 2024 los ingresos por comercio exterior superaron los 4 billones de pesos de acuerdo a fuentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Según datos del Banco Mundial el porcentaje del comercio exterior correspondiente a México se ubicó en un 68.1 de su Producto Interno Bruto. Esto refleja la importancia de este rubro en la economía mexicana.
Alcanzar estas cifras refleja un esfuerzo compartido e integral entre los actores que dinamizan esta actividad económica. Aquí hablamos de autoridades hacendarias, importadores, exportadores, transportistas, maniobristas, almacenes, recintos fiscalizados, recintos fiscalizados estratégicos, agencias y agentes aduanales, sin que el orden de esta mención destaque si algunos son más importantes que otros.
En este breve análisis me enfocaré en aspectos que considero importantes y sobre los cuales se debe profundizar el debate. Presunción de culpabilidad: la iniciativa permite suspender patentes aduanales por investigaciones penales sin sentencia. Responsabilidad sin defensa: los agentes aduanales y las agencias aduanales serían corresponsables de errores ajenos, incluso si el importador oculta información o declara erróneamente particularmente en lo relacionado con mercancías de difícil identificación. Congelamiento financiero: las cuentas de garantía pasarían de 6 a 12 meses de vigencia, lo cual afectaría la liquidez de las empresas. Consejo Aduanero, que es un nuevo órgano y decidiría sobre patentes y autorizaciones, siendo importante el mecanismo que se seguiría para sus determinaciones y como podrían recurrirse.
Aunado a lo anterior, identifico un aspecto que debe ser analizado detalladamente: el plazo limitado para la vigencia de las patentes. Anteriormente se otorgaban de manera indefinida, ahora tendrían una vigencia de 10 años, renovables por una sola ocasión. Se agrega que habrá certificaciones cada dos años, lo cual es perfectamente comprensible. En cuanto a la vigencia se debe reflexionar en que el agente aduanal es un profesional especializado que debe prepararse y actualizarse constantemente. Para un ejercicio adecuado de su función debe invertir en recursos humanos y materiales (espacios de trabajo, vehículos, mandatarios, representantes, asistentes, especialistas y, eventualmente, conductores). ¿Qué profesionista ejercería esta actividad con clara conciencia de que solo se dedicará a ella por un máximo de veinte años, abandonándola en una edad más que productiva? Esto representa incertidumbre en un sector que requiere estabilidad para operar con eficiencia.
La intención de blindar las operaciones de comercio exterior es más que legítima. Pero si se hace a costa de derechos, certidumbre jurídica y competitividad, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Así como existe un “compliance aduanero” debe existir un “compliance gubernamental”
En particular, sin que sean los actores más importantes, es sustantivo que los agentes aduanales respondan con propuestas que contribuyan al mejoramiento de la Ley Aduanera y con el compromiso de observar, con base en su ética profesional, el cumplimiento irrestricto de la legislación aplicable. Estas propuestas deben sustentarse en argumentos sólidos y contundentes.
Recordemos que existen compromisos internacionales de los cuales México no puede sustraerse. La Organización Mundial de Aduanas establece que uno de los grandes retos se orienta a lograr el equilibrio entre facilitación y seguridad del comercio. Esta, a mi juicio, es la premisa que debe guiar los debates que se están realizando. Este debate amerita mesas técnicas que den pie a un dialogo abierto con mayor tiempo, pues considero que el formato de conceder tres minutos a la participación de representantes de organizaciones o asociaciones que desempeñan un rol en el comercio exterior es insuficiente.
La reforma a la Ley Aduanera, que es de gran calado, no debe aprobarse sin una revisión técnica, plural y profunda. El comercio exterior, las cifras lo demuestran, es fundamental para el crecimiento económico y consecuente desarrollo del país. Lo que está en juego no es solo la eficiencia aduanera, sino el modelo de país que queremos construir: uno que promueva la legalidad para garantizar el dinamismo necesario para que se obtengan más ingresos sin sofocar a los actores que participan en el intercambio comercial con otros países.
