Hace unas semanas, la comunidad se conmocionó ante el asesinato del abogado Jesús Ociel Bahena, magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes.
Diversas versiones han surgido desde entonces, algunas coincidentes y otras contradictorias.
Una corriente de opinión sostiene que su muerte fue resultado de un crimen de odio, cuyo propósito principal es acabar con la vida de alguien debido a su orientación sexual, identidad o expresión de género.
Según el informe "Los rastros de la violencia por prejuicio: violencia letal y no letal contra personas LGBT+ en México, 2022", se registraron 87 homicidios en el país, destacando 48 transfeminicidios entre mujeres transexuales.
Es importante señalar que estos informes suelen tener subregistros, y las cifras reales podrían aproximarse a unos 200 asesinatos anuales.
En este contexto, se elogia la propuesta presentada el 22 de noviembre por el diputado Jorge Álvarez Maynez, para reformar y adicionar diversos artículos a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
La iniciativa establece la obligación tanto para personas físicas como morales, ya sean entidades públicas o privadas, de respetar los derechos humanos, prevenir y erradicar la discriminación en todas sus formas.
En el ejercicio de sus facultades, actividades y objetivos, estos sujetos obligados, deberán asumir la responsabilidad de impulsar con total diligencia acciones que fomenten y aseguren los derechos humanos, al mismo tiempo incrementar la transparencia en torno a políticas y prácticas para eliminar la incitación al odio.
Además, de aprobarse la iniciativa, se les exigiría prevenir discursos de odio y actos discriminatorios, para lo cual deberían de contar con protocolos que incluyan medidas de reparación y no repetición a favor de las víctimas.
Así mismo, se obligarían a brindar atención a todas las partes involucradas y respaldarlas en los procesos legales pertinentes.
De igual manera, los sujetos obligados deberán brindar atención profesional a aquellas personas cuya salud mental y física se vea afectada por la incitación al odio y violencia generados por actos discriminatorios.
Igualmente, se les instaría a implementar programas de alfabetización digital, educación mediática, así como formación en derechos humanos y prevención de discriminación para erradicar el discurso de odio y acciones discriminatorias.
Es fundamental que el país cuente con un marco normativo completo para prevenir y eliminar la violencia y discriminación basada en el odio.
Aunque el Código Penal de Coahuila sanciona la discriminación por razones de odio, se reconoce su limitación.
Por ello, la iniciativa mencionada resulta especialmente relevante, ya que se extiende a todos los sectores de la sociedad, incluyendo empresas, escuelas, organismos y tanto instituciones privadas como públicas.
La propuesta destaca al incidir en la prevención mediante la implementación de protocolos, atención y políticas de no repetición. Esperemos que sí se apruebe.
